Miguel Tirado Rasso
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La andanada en contra de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, avanza con la aprobación de la iniciativa preferente que reforma y adiciona la actual Ley de la Industria Eléctrica por el pleno de la Cámara de Diputados, hace dos días. La crónica, pues, de otra reforma del pasado inmencionable, en vías de ser derogada, a partir de las reivindicaciones de la 4T que aprovecha una cómoda mayoría con la que controla el Congreso de la Unión y puede modificar el orden jurídico a placer.
Con esto continua el periplo legislativo para acabar con una regulación que tuvo la osadía de hacer a un lado un proteccionismo tóxico sobre nuestras empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, al permitir la participación del sector privado en algunas de las, otrora, áreas exclusivas, como la generación de energía eléctrica. El siguiente paso, ahora, es el envío del dictamen aprobado por los diputados al Senado de la República para su análisis y votación.
Y, a pesar de que, hace sólo 20 días, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) había declarado inconstitucionales varios de los puntos relevantes del Acuerdo de Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), expedido por la Secretaría de Energía (SENER), en mayo del año pasado, la iniciativa preferente, enviada por el Ejecutivo, incluyó la transcripción literal de varias de esas disposiciones. Algún secreto habrá para que los diputados se atrevieran a aprobar, sin el menor recato, una ley con contenidos considerados inconstitucionales por nuestro máximo tribunal de justicia; pero como había que aprobarla sin modificación alguna, según el mensaje del Ejecutivo, los de Morena y sus aliados, el PT y el PES, cumplieron con la encomienda.
Para la Corte, la controversia constitucional presentada por la Comisión Nacional de Competencia (COFECE) en contra del también llamado Acuerdo Nahle, procedió porque transgrede las atribuciones de la Comisión; concede ventajas irregulares a la CFE; afecta la competencia en el mercado eléctrico al favorecer a la empresa gubernamental, y pone barreras a generación que puede ser más barata y eficiente.
La resolución del Tribunal invalidó 22 disposiciones del Acuerdo, como las que otorgaban a la Comisión Nacional de Control de Energía (CENACE) facultades para rechazar solicitudes de interconexión o para determinar orden de entrada en centrales sin importar costos y las que concedían a la CFE facultad exclusiva para proponer proyectos estratégicos o participar en la elaboración de lineamientos y criterios de confiabilidad para la planeación y operación del SEN.
El proceso legislativo de la iniciativa preferente incluyó el ejercicio de un Parlamento Abierto, convocado por la Cámara de Diputados, en el que expertos, empresarios y reguladores habrían de exponer sus consideraciones sobre la reforma. Un esfuerzo inútil, de monólogos sin discusión. Y, si bien, aquellos opinaron con libertad, la bancada de Morena y sus aliados ni los vieron ni los escucharon, como decía el clásico, porque el dictamen de la iniciativa se aprobó por mayoría, sin incluir ni tomar en cuenta sus alertas ni sus opiniones y mucho menos voltear a ver los argumentos jurídicos de la sentencia de la Corte.
La iniciativa preferente, elimina el despacho económico de electricidad (la más barata) para dar prioridad a las plantas productoras de la CFE, dejando en último lugar el abasto de energías limpias; elimina el régimen de libre competencia en la generación y comercialización de energía eléctrica; revoca permisos de autoabasto; elimina la obligación de CFE de comprar energía eléctrica en subastas, y otorga certificados de energía limpia (CELs) a centrales renovables sin importar la fecha de entrada en operación.
De aprobarla el Senado, esta polémica ley será motivo de numerosos pleitos jurídicos, con un muy elevado costo económico, político y comercial, que afectará seriamente, la confianza en nuestro país y provocará incertidumbre jurídica para las inversiones. Quienes creyeron en el respeto del Estado de derecho y tienen inversiones que, se dice, suman más de 40 mil millones de dólares en el sector eléctrico, no van a quedarse con los brazos cruzados ante una nueva disposición legal que cambia radicalmente las reglas del juego; contraviene acuerdos y convenios internacionales, y tiene disposiciones de aplicación retroactiva.
Durante su gira por La Paz, Baja California, el jefe del Ejecutivo afirmó, recientemente, que en breve se anunciará un plan de modernización de las plantas termoeléctricas para contar con energía limpia y de bajo costo. La mala noticia es que el mayor problema de CFE es la falta de recursos y los que había se destinaron a una nueva refinería, cuando lo procedente hubiera sido inyectárselos para la reconversión de sus plantas obsoletas. Bien por el deseo de fortalecer las empresas del estado, pero mal si es eliminando la competencia y en perjuicio de los consumidores.
En este caso, se estará sacrificando el desarrollo de nuestra industria eléctrica y la generación de energías limpias, renovables y de bajo costo, sin que la empresa de gobierno tenga capacidad para aportar, por sí sola, el abasto de energía eléctrica que el desarrollo económico e industrial del país demanda. La COPARMEX señala que, según expertos, lograr la autosuficiencia en generación de energía eléctrica requiere de una inversión de 15 billones de pesos en los próximos diez años. Tres veces el presupuesto de la Nación de 2020.
Afirmar que no habrá más apagones y que las tarifas eléctricas no aumentarán, son promesas de campaña imposibles de cumplir porque el fortalecimiento de CFE requiere, más que de buena voluntad, de una gran inversión de capitales, con los que el país no cuenta. Para colmo, emitir leyes que asusten la inversión privada, hará todavía más difícil el desarrollo de nuestra industria eléctrica.
