Moisés EDWIN BARREDA
Con más gloria –de afeite– que pena y el repudio de miles de compatriotas, Salvador Cienfuegos regresó al país, precedido por especulaciones de distinto tenor, de las cuales la más lógica es que la cúpula castrense doblegó al presidente López Obrador y que –mi idea– el ejército se mantiene como poder paralelo a los tres de la Unión, es ínsula que jamás rinde cuentas a civiles.
Enorme disgusto más que sorpresa causó a tirios y troyanos, excepto a amigos presuntos cómplices, el que el Departamento de Justicia estadounidense lo haya exonerado de presunta responsabilidad en delitos de narcotráfico y lavado de dinero, entre otros, a pesar de que hace días la juez de su causa le negó libertad bajo fianza porque era peligroso y podría fugarse.
Medios estadounidenses afirman que el casi “usted perdone” fue porque el Presidente habló de la posibilidad de echar de México a la DEA, lo cual parece inferencia por la declaración de Marcelo Ebrard en el sentido de que se repatriaba a dicho soldado o se cancelaría la colaboración de México con Estados Unidos en cuestiones de narcotráfico.
Ese vergonzante retorno confirma que el ejército no ha perdido el fuero que detenta desde la fundación de la República en 1824, junto con el clero y la burguesía. Ese fuero y privilegios implícitos siempre los han tenido los de mayor rango, particularmente los que tienen mando de regiones militares, es decir de grandes unidades de tropa, casi todos diplomados de estado mayor.
Los privilegios a las fuerzas armadas crecieron a partir de 2006 cuando de entrada, Felipe Calderón les concedió 40 por ciento de aumento a los haberes porque las lanzaría a la guerra que le declaró al narcotráfico, única forma de legitimar su gobierno. Paralelamente dio carretadas de dinero para esa controvertida tarea, que –según dijo el propio asaltante del poder– requirió más de 600 mil millones de pesos durante el primer año.
Ese fabuloso gasto causó escozor entre la gente pensante de la nación, pero callaron. Postulé públicamente –documentado– la necesidad de que el Congreso metiera al orden a las fuerzas armadas, que dejaran de actuar particularmente el ejército, como poder paralelo, intocables, jamás cuestionadas, sin obligación de rendir cuentas. Los legisladores, inmorales, entregados al Poder Ejecutivo, siempre soslayaron la fracción XIV del artículo 73 constitucional.
Es bola boba la disculpa de que la irritación del gobierno de México porque las autoridades estadounidenses ordenaron la aprehensión de Cienfuegos desde agosto de 2019 y no se le informó nada, lo que supuestamente contribuyó a procurar que se le liberara. Incluso se soltó la peregrina especie de que Estados Unidos se aterrorizó ante el amago de expulsar a la DEA.
La disculpa por este lance podría desembocar en descrédito para el gobierno de la cuarta transformación no sólo porque ésta implica cambio radical en todos los sentidos en el país, sino porque recibió el apoyo popular mayoritario, hecho por el que resulta ocioso someter a consulta popular acciones del Presidente, sobre todo el proceso a ex Presidentes y porque AMLO ha dicho que “nadie está por encima de la ley y no hay impunidad para nadie.”
En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, periodistas de veras, el general Francisco Gallardo Rodrìguez confirmó nuestra sospecha de que el trámite del gobierno de López Obrador para que se dejara en libertad a cienfuegos fue porque lo doblegó la mafia que son los generales diplomados de estado mayor, acto que garantiza impunidad a cienfuegos.
El gobierno de la 4T perderá mucha simpatía popular si no obliga a la Fiscalía General de la República, por muy autónoma que sea, a emplear las 743 fojas –mil 460 páginas– de pruebas que los fiscales estadounidenses presentarían durante el juicio a Cienfuegos para demostrarlo culpable de los delitos que le imputaban, tres de los cuales se le acreditaron a genaro garcía luna, quien como felipe calderon, actuaba en connivencia con los cárteles como el de Sinaloa y otros.
También es obligado que el gobierno de la 4T tome las providencias necesarias para que el pundonoroso general Francisco Gallardo Rodríguez no sufra ningún accidente, no sea asaltado por rufianes civiles ni víctima de riña o crimen pasional, pretextos usuales para encubrir asesinatos en agravio de quienes desnudan abusos de poder, por haber declarado ante los citados periodistas, que Cienfuegos tiene garantizada la impunidad.
