Fernando Irala
El fin de semana pasado se cumplieron tres años del sismo que en 2017 más asoló la capital del país y los estados de Puebla y Morelos.
En las tres entidades hubo actos conmemorativos y eventos de evaluación, pero en contraste con el mensaje de avance en las ceremonias, un bloqueo vial en el sur de la ciudad por un grupo de damnificados tuvo que persistir más de veinticuatro horas hasta que la agenda de algún funcionario con capacidad de respuesta pudo atender a sus representantes.
Los inconformes son parte de cientos de familias que perdieron súbitamente su hogar como resultado del terremoto, quienes del pánico del momento transitaron a una pesadilla a la que no se le ve fin: han visto pasar mil cien días sin que puedan concretarse los proyectos de reconstrucción prometidos por el anterior gobierno de la ciudad y por su actual titular desde que era jefa de Gobierno electa.
A la lentitud de los trámites y la complejidad técnica de los proyectos se ha añadido la desavenencia entre áreas de la burocracia. Lo que una dependencia revisa y autoriza es rechazado por otra porque se aplican criterios distintos.
Entretanto los damnificados han sufrido la transformación para mal de su vida. Sin casa, viviendo donde se puede y con la obligación de recuperar su vida productiva, sus ocupaciones para generar ingresos, ahora deben pagar rentas o invadir espacios prestados por sus familiares, mientras requieren atender juntas, llenar requisitos, enfrentarse a la inflexibilidad de las autoridades, y de vez en cuando acudir a expedientes extremos y riesgosos, como éste de cerrar vialidades para intentar así ser escuchados y superar la parálisis burocrática.
Al recuerdo luctuoso y la nostalgia por el hogar perdido, se suma la incertidumbre y el desasosiego, más grave porque muchos de los afectados son personas de edad avanzada, con casos de deterioro físico que les dificulta la defensa de sus derechos.
Porque estamos ante derechos reconocidos en una Ley que se promulgó específicamente para la solución de las pérdidas sufridas.
La pregunta a hacerse es la que estas familias se formulan en privado y en público: ¿cuánto tiempo faltará para que el gobierno capitalino cumpla un mandato de ley, y les restituya sus hogares perdidos?
