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MIGUEL ÁNGEL FERRER
Son muchos y muy poderosos los enemigos de la Cuarta Transformación (4T), movimiento popular, democrático y revolucionario encabezado por López Obrador. El primero de ellos y el más visible y protagónico es el aparato mediático privado. No hay día en que, salvo algunas excepciones, ese conjunto de medios no difundan mentiras, tergiversaciones, calumnias y noticias falsas destinadas a erosionar la imagen del Presidente de la República y de su gobierno.
Pero el saldo de esas acciones ha sido hasta ahora el más rotundo fracaso. La popularidad y aprobación social del Presidente supera el 70 por ciento. Hay encuestas que cifran esos respaldos en más del 90 por ciento. Y si bien existen sondeos que reconocen una aprobación social de López Obrador de sólo 56 por ciento, debe apuntarse que se trata de ejercicios realizados por casas encuestadoras ligadas al viejo régimen pripanista y a sus respectivos voceros mediáticos.
También se debe apuntar que, suponiendo, sin conceder, que esas encuestas de probada raigambre derechista tuvieran razón, ese supuesto 56 por ciento resulta ser una enorme cifra. ¿Qué gobierno desapreciaría tener en su favor a 56 de cada cien ciudadanos?
Otro poderoso enemigo de la 4T es la llamada Judicatura. Ese conglomerado de jueces, magistrados y ministros judiciales que hicieron carrera y fortuna apuntalando al viejo régimen mediante el torcimiento de la ley, muy bien aceitados con el eficaz lubricante de la corrupción institucionalizada. Es una tarea colosal poder juzgar y sancionar a célebres delincuentes con el aparato judicial jugándole las contras al órgano acusador. Y si bien ese viejo sistema judicial ha realizado su trabajo de entorpecimiento de la justicia, también en esta materia va ganando hasta ahora la 4T, pues están siendo procesados Rosario Robles, Emilio Lozoya, Juan Collado, Sosa Castelán, García Luna, Alonso Ancira, César Duarte…
Pero acaso el enemigo más poderoso de la 4T lo sea el conjunto de organismos e instituciones autónomas, señaladamente el Instituto Nacional Electoral (INE), promotor y gestor del fraude electoral institucionalizado.
Precisamente por su carácter autónomo es muy difícil enderezar al INE. Pero habrá de lograrse. El primer gran paso fue haber neutralizado el fraude en la elección presidencial de 2018. Indudablemente y, a pesar de los pesares, el triunfo de López Obrador marcó el destino del INE. Sin el aval del Presidente el fraude electoral dejó de ser una tarea del Estado.
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