Pablo Cabañas Díaz.
El Estado permanece en deuda con las mujeres, quienes se ven obligadas a tomar acciones personales para salvaguardar su integridad. Los altos índices de violencia son en gran parte consecuencia de la desigualdad de género. En este sentido, es urgente una modificación en las políticas públicas de igualdad de género, así como de prevención y de erradicación de la violencia contra las mujeres. Todos los días, escuchamos y vemos una ola creciente de denuncias sociales, que exigen un cambio a sus autoridades y al resto de la sociedad, para que se involucre en un problema que es de todas y todos.
Como sociedad no podemos ser apáticos, y mucho menos acostumbrarnos a este tipo de problemáticas. Los derechos de las mujeres no son un capricho; su respeto y eficacia es una obligación para el Estado. Avanzar en la igualdad sustantiva es necesario para poder dar un cambio cultural. Es necesario transversalizar la perspectiva de género en todos los planes de estudio, así como en el sector laboral. Se debe realizar una revisión y valoración plena de los operadores de justicia, quienes carecen de formación para juzgar con perspectiva de género, dejando desamparadas a muchas mujeres.
En el pasado contar con políticas públicas de género no era una prioridad para las autoridades, actualmente es una exigencia. Sin distinguir entre fronteras, razas, edad, riqueza o pobreza, la gran mayoría de las mujeres en algún momento de su vida han sido víctimas de discriminación por el simple hecho de ser mujeres, ya sea en el ámbito familiar, social o laboral, entre otros, o han experimentado los conocidos micromachismos, que son difíciles de detectar y que incluso cometen algunas mujeres en contra de otras mujeres, al ser una costumbre social normalizada y tolerada desde el núcleo familiar, lo que ha permitido que se exteriorice a los diversos ámbitos de la vida pública, incluso por el propio Estado en el actuar de sus instituciones.
Otro de los problemas que enfrenta el éxito de las políticas públicas es la falta de continuidad ante los cambios de gobierno. En México, esta falta de continuidad en las políticas es una constante, lo que no brinda una atmósfera de estabilidad y permite que los problemas se sigan agravando, pero ahora con distintas vertientes. Por ello, el tema de la igualdad entre mujeres y hombres en México continúa siendo un anhelo difícil de consolidar, y la igualdad sustantiva sigue siendo una obligación lejos de cumplirse.
Contar con políticas estables no significa que las políticas no puedan cambiar en lo absoluto, sino más bien que los ajustes respondan a cambios de las condiciones económicas o a defectos de las políticas, más que a caprichos políticos. El contexto de desigualdad por razones de género que se vive en México, que se ha exacerbado en los últimos años, obliga al Estado a tomar acciones para combatir esta situación que tanto daño le está haciendo a la sociedad; una sociedad que no puede ni debe acostumbrarse o ser inmune a vivir en un entorno donde es normal que a una mujer se le discrimine por el hecho de ser mujer.
Es necesario precisar que la igualdad de género no es una ideología como podrían pensar quienes están en contra de los movimientos sociales que han dirigido esta lucha por la igualdad. Nada más lejos de la realidad. La igualdad de género es un derecho humano que debe respetarse y ser efectivo en todos los ámbitos de la vida pública y privada.
