Pablo Cabañas Díaz.
La definición de violencia contra las mujeres, ampliamente legitimada, es la que se deriva de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres (1993) y se entiende como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
La violencia de género, es una expresión de la discriminación hacia las mujeres, viola sus derechos y tiene como resultado impedir la participación de las mujeres en las mismas condiciones que los hombres, en la vida política, social, económica y cultural.
La violencia basada en el género implica analizarla en el contexto social en el que se presenta: como una forma de poder que se expresa en distintas modalidades (física, psicológica, patrimonial, institucional) y ámbitos sociales (doméstico, público, familiar).
La noción de acoso o violencia política en razón de género es relativamente reciente. Aparece décadas después de que las mujeres comienzan a incursionar en la política, no obstante que ya existía como experiencia individual y colectiva en mujeres que irrumpían en el espacio público. Basta con recordar las reacciones de represión pública asistida a mujeres que osaban desafiar al orden político por medio de sus demandas de sufragismo desde el siglo XIX y principios del XX.
Cuando a la noción de violencia se le introduce el término “basado en el género” se hace hincapié en que sus raíces se encuentran en la desigualdad entre mujeres y hombres. Es decir, la violencia contra las mujeres es consecuencia de la desigualdad entre los géneros expresada en la discriminación y las diferentes oportunidades y responsabilidades en el acceso y control de los recursos, sustentada en la noción sociocultural de lo masculino como superior a lo femenino.
Los orígenes de la violencia política de género se encuentran en la desigual relación de poder que existe entre hombres y mujeres, en el entendido que históricamente el espacio público-político ha sido escenario privilegiado del género masculino. Las instituciones y organizaciones creadas para dar vida al orden de lo político no sólo se fundan en la presencia exclusiva de los varones, sus dinámicas de funcionamiento, códigos, lenguaje y normas, también son un reflejo de la primacía de un solo género. Al querer ingresar a la política, las mujeres no sólo se encuentran en desventaja: su sola presencia transgrede un orden que naturaliza su exclusión.
Desde una visión crítica feminista esta problemática se explica por la forma en que se vive la desigualdad de género en el ámbito político. Las situaciones de discriminación y violencia de género resultan ser fenómenos inherentes a la participación política de las mujeres que surgen como manifestación de un orden patriarcal que establece que los espacios públicos y las organizaciones partidarias sean ámbitos de actuación masculina por excelencia.
En este sentido, es mediante los discursos y representaciones que se hacen sobre las mujeres y lo inadecuado de su incursión en la política que se impregna y normaliza en la sociedad dicha exclusión. En el ámbito social, político y mediático se transmiten representaciones que perjudican la imagen de las mujeres y en algunos casos conllevan a acciones que las dañan y afectan en su integridad física y psicológica.
