TOLUCA, 28 de noviembre (AlMomentoMx).— Para evitar que el Gobierno del Estado de México tenga una política de transferencia condicionada de recursos hacia los municipios, y se utilice como herramienta de maneja político, la bancada de Morena en el Congreso local presentó una iniciativa para modificar las reglas de operación del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) y rechazó el recorte de más de mil 500 millones de pesos a los ayuntamientos.
La diputada Azucena Cisneros Coss explicó que los municipios mantienen adeudos históricos en materia de seguridad social, pago de agua o energía eléctrica, tras años de manejos administrativos irresponsables y tolerados, los cuales profundizan su debilidad financiera y dificultan la adecuada provisión de obras y servicios a la comunidad.
🔴 Nuestra compañera diputada @azucenacisneros, propuso reformas al Código Financiero del Estado de México, para regular el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM). #DiputadosMorenaEdoMéx
LX Legislatura del Estado de México pic.twitter.com/FFbcGME0fO— Morenos de Corazón (@MorenosDeCora) November 28, 2019
Acusó que el Gobierno del Edomex ha establecido una política de transferencia condicionada de recursos hacia los municipios, pues su asignación no se encuentra reconocida ni regulada en la ley como una prerrogativa a favor de los municipios dentro del Sistema de Coordinación Hacendaria y ha llevado a la Secretaría de Finanzas a definir de manera unilateral los lineamientos para su utilización y aplicación.
En este año, en el Presupuesto de Egresos aprobado buscó fortalecer a los municipios, y autorizó un incremento significativo de este Fondo, que pasó de 2 mil 300 millones de pesos autorizados en 2018, a los 4 mil millones de pesos para el actual ejercicio; sin embargo, la distribución de recursos se vio frenada por complicaciones en el cumplimiento de los lineamientos que regulan su operación.
Cisneros recordó que la Legislatura emitió un exhorto al gobierno mexiquense ante numerosas quejas de alcaldes, que acusaron ser objeto de presiones de carácter político por parte de servidores públicos estatales, que les condicionaron el acceso al Fondo a cambio de acallar sus opiniones críticas sobre el desempeño del Gobernador Alfredo del Mazo.
A fin de regular el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (Fefom) y lograr su adecuada fiscalización, la diputada @azucenacisneros, a nombre de @GPMorenaEdomex, plantea reformas al Código Financiero. A esta iniciativa se sumó la diputada @casillas_garay, de Encuentro Social. pic.twitter.com/tO3BNCf5Qb
— Legislatura Edomex (@Legismex) November 28, 2019
De los recursos asignados a los municipios, el 50 por ciento se etiqueta para pago de pasivos, y reduce las posibilidades de que los Ayuntamientos dispongan libremente de presupuesto para inversión pública, por lo que propone que el acceso de los municipios al fondo no esté condicionado al pago de los pasivos corrientes con entidades de carácter estatal o federal.
Adicionalmente plantea que los recursos etiquetados correspondan únicamente hasta el 15 por ciento del fondo y que éstos sean destinados hacia la realización de obras de carácter regional convenidas con el Gobierno del Estado, y el restante, se destine a obras y acciones que los Cabildos determinen.
También, define que para garantizar la vigilancia y transparencia de los recursos del Fondo, se propone sumar dentro de su Comité Técnico del Fondo, a la Comisión de Vigilancia del Órgano de Superior de Fiscalización.
Cisneros Coss acusó que el paquete financiero presupuestal 2020 presentado por el gobierno estatal contiene una reducción de 1 mil 500 millones de pesos a este importante Fondo, y exigió que el FEFOM en 2020, parta de los 4 mil millones de peos y llegue a por lo menos 5 mil millones, con reglas claras y transparencia en su operación y ejercicio.
“Esta Legislatura debe rechazar que el monto al que ascienda el FEFOM sea empleado como moneda de cambio dentro de la discusión del presupuesto 2020. El gobierno estatal no puede caer en la tentación de convertir este fondo en una herramienta de chantaje o manejo político que limite las capacidades y el potencial de los municipios para proveer de bienes y servicios públicos a quienes más lo necesita”, acusó la morenista.
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