Pablo Cabañas Díaz.
En el sexenio de Felipe Calderón la Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CNDH), estuvo a cargo de Raúl Plascencia, cuya trayectoria fue una interrogante puesto que a la fecha nunca ha explicado, el origen de su repentina fortuna. El periódico Reforma publicó una nota donde revelaba que tenía una mansión estilo contemporáneo, con acabados en cantera blanca, desnivel para cochera, jardín trasero y tres pisos en un terreno de 795 metros cuadrados.
Su nueva residencia ubicada en la calle Xitle, en el Pedregal, de acuerdo con precios del mercado consultados por el diario, hoy valdría alrededor de 30 millones de pesos. Según la escritura pública número 2814, fechada el 16 de agosto de 2012 [inscrita en el registro público de la propiedad y de comercio del entonces Distrito Federal], el terreno de 795 metros cuadrados, localizado en el número 30 de la calle Xitle, colonia jardines del pedregal, fue vendido por Nahúm Beltrán Pérez a la señora Adelita Deyanira Ortiz Kuri, en 5 millones 474 mil pesos.
La compradora era la esposa de Plascencia; quien también lo había acompañado en diversos eventos públicos como la entrega del doctor honoris causa que le otorgó la Universidad Autónoma de Coahuila el 5 de diciembre de 2013, y en un viaje a Taiwán para recibir la medalla de primer grado del control yuan.
En esa casa de Fuentes del Pedregal llegaron, el 6 de noviembre de 2009, Isabel Miranda de Wallace y Mariana Gómez del Campo, para felicitar al abogado por su nombramiento luego de una apretada votación en el senado de la República. Ese mismo día, en ese domicilio, otorgó una entrevista en la que se comprometió a ser un ombudsman “muy cercano a la sociedad”, según notas publicadas en distintos diarios el 7 de noviembre de 2009.
Plascencia, recibía un sueldo mensual neto de 131 mil 736 pesos, de acuerdo con el tabulador de la CNDH, que en cinco años equivaldría a un ingreso total de 7.9 millones de pesos, sin contar bonos y otras prestaciones. La sospecha sobre sus ingresos de incrementó cuando se negó a que su declaración patrimonial fuera pública, pese a que estaba obligado a presentarla, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Plascencia quiso continuar defendiendo los derechos humanos en México, cuando fue rebasado por los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa y su propio patrimonio personal.
Su sucesor Luis Raúl González Pérez fue abogado general de la, UNAM y nunca fue un ejemplo de independencia en su actuación púbica. Fungió como fiscal especial para las investigaciones del caso Luis Donaldo Colosio. Fue el cuarto y último fiscal en la investigación del crimen del malogrado candidato presidencial priista, González Pérez sostuvo la conclusión de que no existió ninguna conexión entre Mario Aburto Martínez y algún personaje de la política. Se hizo cargo en la CNDH, del caso Aguas Blancas, del caso Colosio, a la que posteriormente se le unieron los Casos Posadas y Ruiz Massieu. Estuvo “cierre” de los tres casos y los envió a la reserva, a la espera de aportaciones posteriores para su reapertura. Tras el cierre del caso Posadas, González Pérez fue nombrado director del centro de control de confianza de la entonces PGR, al amparo del entonces subprocurador general de coordinación y desarrollo, y último secretario de Gobernación en el sexenio pasado, Alfonso Navarrete Prida.
