Fernando Irala
Un mes se ha cumplido de que se cerraron los ductos de transportación, medida central de una extraña estrategia para combatir el robo de combustibles.
Las comparaciones que se han hecho van del paralelo a la burla: ¿y si cerramos las carreteras y así evitamos el robo de camiones?, ¿y si prohibimos que la gente salga a la calle y abatimos el robo a transeúntes?, ¿y si paramos el transporte público y eliminamos los asaltos a los pasajeros?
En ese tono, los maestros de Michoacán nos han hecho un gran favor: cerraron las vías que vienen del puerto de Lázaro Cárdenas, paralizaron las corridas de todos los trenes y el asalto a los ferrocarriles en esa zona bajó a cero.
La tragedia de Tlahuelilpan puso en claro que en el huachicoleo participan poblaciones enteras, aunque por otro lado quienes controlan los grandes volúmenes son bandas vinculadas al crimen organizado.
El robo de combustibles reproduce el fenómeno del narcotráfico, que salpica sus beneficios a las comunidades donde opera. Vuelve a la gente sus empleados y socios, sus cómplices, sus dependientes.
Será difícil romper el círculo de complicidades, intereses y estructuras ligadas al robo de combustibles. El gobierno además se ha puesto límites: si los ladrones son muchos entonces alcanzan la categoría de grupo social, irreprimible por definición.
Por lo pronto el reabastecimiento de gasolina se va dando paso a paso. Ya nadie protesta por los precios. Atrás quedaron los tiempos en que la gente se manifestaba para que el combustible bajara. Hoy hemos reaprendido la lección del secretario de Industria y Comercio de hace cuatro décadas, Jorge de la Vega: no hay producto más caro que el que no existe.
Y en algunas regiones del país, sólo queda la sospecha de que todo esto es un manejo político: la gasolina sigue escaseando en Jalisco, Nuevo León, Guanajuato y otras zonas donde no gobierna el partido del gobierno. Pero no en Puebla, cuna del huachicol. Es que ahí pronto habrá elecciones, y ya van a empezar las campañas.
