*Haiga sido como haiga sido, el encuentro equívoco, o el desencuentro acertado con los tenedores de los bonos del AICM-Texcoco, el costo cae en la cuenta de los mexicanos… a pagar, otra vez
Gregorio Ortega Molina
El Estado mexicano se colocó en una posición de perder-perder. Ante los inexistentes argumentos técnicos, arquitectónicos y económicos o políticos para rescindir un contrato avalado por su gobierno (2012-2018), salvo la explicación ofrecida el lunes por José Antonio Crespo en El Universal: matar AICM en Texcoco equivale a matar al padre. Tal como lo hicieron, lo afectado es la imagen de la nación. ¡Vaya regalo navideño! ¿Y el acuerdo o decreto que lo determine? Debe indicarse de dónde provienen los fondos con los que se pagará, y cuáles son las razones técnico jurídicas, para que cause acto legal, mientras eso no ocurra, se viola la ley.
El calendario elegido para negociar fue malo, porque si el dinero no descansa, toma vacaciones haciendo adobes… la especulación financiera es incesante, incluso durante las horas de sueño o los días de asueto obligado. Siempre existen las compras a futuro.
Carlos Urzúa, secretario de Hacienda, mejoró la oferta a los tenedores de los bonos del desahuciado nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. El 11 de diciembre último, como encomendándose a la virgen de Guadalupe, ofreció recomprar 1.800 millones de dólares de deuda emitida -sobre un total de 6.000 millones- al mismo valor al que se emitieron. “La nueva propuesta se ofertó menos de 24 horas después de que los abogados de un grupo que dice representar a más a la mitad de los inversores -muchos de ellos poderosos fondos de pensiones y bancos de inversión y estadounidenses- reiterase formalmente su rechazo a la oferta inicial de las autoridades mexicanas, que pretendió pagar el 90% del valor inicial de la emisión de esos bonos. Tras el no de este potente ramillete de entidades, al Estado mexicano no le ha quedado otra que subir su ofrecimiento, para tratar de que la incertidumbre sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco no tenga mayores consecuencias para la economía nacional”, dice la nota de El País.
La compra-venta de esos bonos aceptada “abrumadoramente” debió formalizarse el viernes 21. ¿Ocurrió?
Pero la nota periodística abunda en los pormenores del regateo financiero para mitigar la percepción de inseguridad jurídica para la inversión extranjera en México. “El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, de capital público, ofrece, además garantías adicionales a los inversores. La más destacada es la cláusula que explicita el incumplimiento de las obligaciones por parte del Estado mexicano (default) en caso de que las tarifas aeroportuarias que recibe el actual aeropuerto capitalino -que son, en última instancia, la garantía de repago de los inversores- se vieran mermadas por la construcción de un nuevo aeródromo en un radio de menos de 70 kilómetros -como el de Santa Lucía, la propuesta estrella de López Obrador- o por un incremento en las operaciones del de Toluca -la opción que baraja el Ejecutivo para complementar ambas infraestructuras-. Eso no quiere decir que las autoridades mexicanas renuncien a ninguno de los dos proyectos sino simplemente que, de afectar a los ingresos del actual aeropuerto, el erario mexicano tendrá que afrontar la responsabilidad del impago, aunque la primera versión filtrada de la oferta en inglés es mucho menos clara que la nota del Gobierno”.
Ojalá pronto quede resuelto, porque para este gobierno nada peor que la incertidumbre financiera. ¡Vaya regalo de Navidad!
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