CIUDAD DE MÉXICO, 4 de diciembre (AlMomentoMX).— En víspera de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) defina si anula o no la elección para gobernador en Puebla, la panista Martha Erika Alonso anunció que acudirá a instancias internacionales de derechos humanos para defenderse del “fraude institucional” que, aseguró, se le quiere hacer.
Esto, luego de la propuesta de resolución del magistrado José Luis Vargas, en la cual se establece que se deben anular las elecciones a gobernador del 1 de julio, revocar la constancia de mayoría de la panista y convocar a elecciones extraordinarias, al considerarse que se violó la cadena de custodia del material electoral.
La todavía gobernadora electa afirmó que al hacer público el proyecto, el magistrado anticipa un fraude institucional en su contra, por lo cual “para reforzar nuestra defensa vamos a elevar el tema internacionalmente, acudiremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que, a través de una medida cautelar, se garantice el debido proceso legal , el acceso efectivo a la justicia y la independencia de los tribunales para la resolución definitiva del caso”.
Martha Érika Alonso destacó que el proyecto de nulidad propuesto por el magistrado Vargas Valdez viola el principio de carga de la prueba, ya que no existen elementos para afirmar que la cadena de custodia haya sido rota.
Asimismo, calificó de “absurdo” el proyecto, ya que el propio magistrado reconoce que no hay variaciones entre el primer computo y el recuento que el mismo encabezó. “Se comprobó una y otra vez que los resultados son consistentes y que la diferencia siempre ha sido por más de 100 mil votos”, señaló.
La aún gobernadora electa precisó que fueron violados los artículos 131 y 136 del Reglamento del TEPJF, que indican que los magistrados están impedidos para emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento e informar a las partes el sentido de un proyecto antes de que este se resuelva.
“Reprobamos categóricamente este proyecto de nulidad porque carece de certidumbre, imparcialidad y legalidad, y confunde a la opinión pública”, sentenció.
Indicó que el proyecto de Vargas Valdez obedece a la iniciativa presentada por Morena de reducir de 9 a 3 años el cargo del magistrado. “La ley no puede quedar secuestrada por el interés de agradar al poder entrante”, dijo.
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