Norma Meraz
Hoy en México, el “supuesto derecho a expresar libremente las ideas y a ejercer el periodismo“ ha llevado a que, por un lado, el gobierno coopte a muchos de los comunicadores y a no pocos medios de difusión (prensa, radio y TV y medios digitales) a acatar la línea editorial que le beneficie y, por otra parte, a la exposición de los periodistas al alto riesgo que significa cubrir información que descobije a los malos funcionarios o que denuncie hechos como la operación de los grupos delincuenciales.
Hasta el cansancio se ha repetido que este sexenio del presidente Enrique Peña Nieto quedará registrado en una página de la historia de México como un episodio en el que se cubrió de sangre el territorio nacional; y no precisamente por librar una guerra civil.
Decenas de periodistas han caído a manos de la delincuencia organizada, otros más también han muerto por falta de protección gubernamental para cumplir con el derecho a informar en libertad.
¿En dónde quedaron las páginas de los periódicos que daban cuenta del acontecer cultural, educativo, cívico, social, económico político nacional e internacional y un espacio reducido dedicado a la información de la nota roja?
Hoy en día todos los medios de comunicación registran en grandes espacios la nota roja, como si el periódico Alarma de otros tiempos, volviera por sus fueros y ocupara las páginas más importantes, mostrando imágenes de asesinatos, ajusticiamientos, cuerpos desmembrados y cuerpos sin cabeza colgando de los puentes.
Narcotráfico y crimen organizado, los secuestros o asesinatos que eran noticia se convirtieron en imágenes de rutina al lado de fotografías que muestran a funcionarios públicos cortando listones que simbolizan la inauguración de eventos políticos oficiales.
El número de periodistas muertos ha ido en constante y creciente aumento. Los periodistas que se han acogido al Protocolo de Protección, según datos oficiales, suman 700.
Menudo viacrucis para esos colegas que son trasladados de sus lugares de origen a la Ciudad de México para ser protegidos.
Las implicaciones que conlleva esta figura de protocolo de protección son enormes y, además, impacta en distintas formas a las familias de los “protegidos”.
Son llevados a la capital del país y ahí los dejan a su mala, muy mala suerte. No hay quien les dé trabajo. Llegan estigmatizados y nadie les tiende la mano, provocando que los tristes periodistas decidan regresar a su terruño con todo el riesgo que eso implica.
La oficina encargada de aplicar los recursos destinados a cubrir los gastos para la aplicación del Protocolo de Protección a Periodistas ha declarado que apenas hay unos pocos recursos para solventar el mes de octubre.
En esta etapa de transición gubernamental el futuro subsecretario de los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, al reunirse con el actual subsecretario del ramo, le planteó la necesidad de contar con una ampliación presupuestal que alcanzara a cubrir el resto de este año y los primeros tres o cuatro meses del 2019 y así subsanar el déficit de este programa específico de protección a periodistas.
México ha sido considerado por muchos países como uno de los más inseguros del mundo para ejercer el libre ejercicio periodístico.
Con la llegada del próximo presidente Andrés Manuel López Obrador, se vislumbra un nuevo modelo y estilo de comunicación social.
López Obrador ha adelantado que se reducirán drásticamente los gastos del gobierno en publicidad oficial, sobre todo en radio y TV, pues entre Televisa y TV Azteca se llevaban casi dos terceras partes del presupuesto total del gasto en publicidad oficial, enfocada a destacar la imagen presidencial.
Sin duda esta es una buena señal, siempre y cuando esta política vaya acompañada del respeto irrestricto al derecho de la libre expresión de las ideas.
La dramática situación por la que atraviesan los profesionales del periodismo y la comunicación será parte del legado de este sexenio peñista que nunca supo comunicarse con los ciudadanos y tampoco supo defender los derechos de estos periodistas y su integridad personal.
Mal sabor de boca deja el saber que, para los 700 periodistas y sus familias acogidos al Protocolo de Protección, no hay dinero de apoyo que les ayude a reintegrarse al libre ejercicio de la comunicación, profesión que debe considerarse –dados los altos niveles de violencia e inseguridad e impunidad en el país– de alto riesgo.
Setecientos periodistas “protegidos”: sin protección.
Tema difícil de abordar, pero, ante todo:
¡Digamos la verdad!
