Claudia Rodríguez
Ahora que la Unión Europea ha sancionado a España por sus deficientes o nulos procesos para deshacerse o transformar desechos; es conveniente recordar el impacto de la tragedia que en los poblados a lo largo del río Sonora y su ramal el Bacanuchi, provocó la mina Bellavista del Cobre, filial del Grupo México propiedad de Germán Larrea Mota, el 6 de agosto de 2014, al derramar millones de metros cúbicos de metales pesado y sulfato de cobre en las aguas de los ríos mencionados.
Aquello fue una catástrofe primero acotada como ecológica que dio la vuelta al mundo. Pero no pasaron muchos días cuando las autoridades de siete municipios por los que pasaban el Sonora y el Bacanuchi, advirtieron la emergencia sanitaria y más tarde económica.
Cientos de trabajadores de la mina eran por supuesto pobladores de la región y al mismo tiempo afectados ellos, sus familias y sus amigos. A la fecha se contabilizan 24 mil afectados directamente y 250 mil de manera indirecta.
El derramé de tóxicos por la mina, afectó la producción agrícola y ganadera, el comercio y los servicios, lo que en meses provocó un desastre también económico.
El control de daños fue cosmético. Tocó por instrucción presidencial a Alberto Navarrete Prida, entonces titular de la Secretaría del Trabaja y Previsión Social (STPS), atender directamente con los directivos de la minera aquélla calamidad que caía sobre los pobladores. Claro, había que contener una demanda laboral millonaria y atemperar la situación alarmante usando a los mismos trabajadores-pobladores.
A poco menos de un mes de la tragedia, Grupo México hizo el compromiso firmado ante autoridades legales y de funcionarios federales; de crear un fideicomiso de 2 mil millones de pesos para reparar daños de forma individual y a nivel regional, así como instalar 28 plantas de tratamiento de agua con tecnología para filtrar metales pesados, además de la edificación de una clínica para tratar a quienes tuvieran secuelas de salud por el derrame de tóxicos.
En 2017 la Organización de la las Naciones Unidas (ONU), a tres años de la tragedia, realizó una inspección in situ, para percatarse que Grupo México ha incumplido y el Estado igual no ha movido ni una de sus piezas del tablero para hacerlo cumplir.
Los damnificados por el derrame de tóxicos de la mina Bellavista del Cobre se encuentran en perores condiciones que el mismo día del derrame y hasta ahora todas las puertas que tocan, incluso del gobierno local y federal, no se las abren.
Ese gran derrame de la mina les cambió para mal la vida a los pobladores de al menos seis municipios a lo largo del río Sonora y nadie les extiende un apoyo, los dos mil pesos que les dieron en un principio, es claro que sirvieron para callar los reclamos internacionales y nada más.
Aquí en México, en la práctica, las grandes empresas tienen más derechos y canonjías que los gobernados. Ya ni hablar de los males a la salud que provocan las antenas repetidoras de telefonía celular o los mismos medidores de energía eléctrica en cada inmueble; repercusiones negativas investigadas y avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El empresario el primero de la fila. El pueblo hasta el final. ¡Ya basta!
Acta Divina… Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México, no ha realizado hasta ahora, ninguna declaración sobre el catalogado mayor desastre ambiental de los últimos tiempos provocado por la mina filial Bellavista del Cobre.
Para advertir… También el presidente Enrique Peña Nieto ha evadido hasta ahora, hablar de la tragedia en el río Sonora y sus márgenes, que por cierto, ya ha cobrado vidas.
