Mouris Salloum George*
Todas las condiciones están dadas para la tormenta perfecta en México: Júpiter espera la señal para descargar el primer rayo.
Conocimiento y noción quedaron rebasados: Se perdió el linde entre lo que la ley prohíbe y el acto fáctico; entre delincuencia común y crimen organizado. Entre violencia criminal y violencia política. Esto suena a pleonasmo.
En versión simplificada, el Estado surgió de la necesidad de regular la relación entre clases y del imperativo de equilibrio a favor del eslabón más débil de la sociedad.
Por ello, algunos profesores de Leyes sintetizan ante sus alumnos el arranque de sus cátedras: “El Estado es el Derecho”, según principio doctrinario que guio la acción de los constituyentes.
Hoy, el de México está catalogado por agencias de Inteligencia como Estado fallido. Nos atrevemos a una fe de erratas: Los mexicanos tienen un gobierno fallido.
Cada vez es más frecuente que tribunales judiciales enmienden la plana a los poderes Legislativo y Ejecutivo en cuanto al ejercicio de sus facultades constitucionales y sus procedimientos punitivos en el segundo caso.
La Corte suprema, acreditada por la Carta fundamental como Tribunal Constitucional, hace lo propio al sentenciar acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales.
Cada vez es más frecuente también, que la autoridad ejecutiva caiga en desacato de los mandatos judiciales.
Estamos a 24 horas de que un potencial de casi 90 millones de mexicanos asista a la gran cita en las urnas para la formación de poderes públicos. El proceso de sucesión presidencial está viciado de origen.
El origen, son leyes dictadas a la carta: esto es, a placer de los intereses de quienes las inician, discuten y dictaminan.
En el último tramo de la impugnación, la instancia jurisdiccional procede conforme al recurso de interpretación, un tanto discrecional, de lo que resulta peor el remedio que la enfermedad.
Según cálculo de magistrados electorales federales, es previsible que sus salas atiendan en 2018 unos 50 mil conflictos derivados de reales o supuestas transgresiones al régimen electoral.
En esas causas están implicados agentes del Ejecutivo, de los órganos electorales administrativos, de los tribunales electorales estatales, partidos políticos, candidatos y actores del sector privado.
Desde luego, sobre la violencia política planea el espectro de la delincuencia común u organizada, que mediante la acción directa han eliminado a más de un centenar de dirigentes partidistas y candidatos a puestos de elección popular.
Estamos en posesión de versiones que indican que algunos partidos instruyen a sus consejeros jurídicos sobre una eventual solicitud de nulidad de la elección presidencial.
Se prepara, pues, el escenario de la tormenta perfecta. Júpiter espera la primera señal: ¿quién lo exorciza?
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
