Por Mouris Salloum George*
Si es del dominio público que, en México, más de 90 por ciento de las denuncias de delitos se diluye en la impunidad, lo obvio es que el Ministerio Público falla en su responsabilidad.
Con harta frecuencia, aun en los expedientes más graves que han alcanzado resonancia internacional, los jueces, sin pronunciarse sobre inocencia o culpabilidad, han dictado autos de libertad a los acusados por faltas al debido proceso.
Una reciente filtración a los medios, sostiene que una recomendación o extrañamiento en materia de violación de los derechos humanos, procede cuando el Estado fue incapaz de procesar una situación de emergencia.
Esa filtración invoca el artículo 21 de la Constitución que establece que toda investigación de delitos corresponde al Agente del Ministerio Público y a las policías, para determinar el ejercicio de la acción penal ante los tribunales.
Ese es el punto: La impunidad empieza por los expedientes de acusación armados con los pies.
Otra vez, el gobierno de Felipe Calderón expuesto en el exterior
La argumentación trascrita a grandes rasgos sería la posición del gobierno mexicano frente la solicitud que diversas organizaciones civiles mexicanas, apoyándose en el Estatuto de Roma, presentaron ante la Corte Penal Internacional (CPI), para que se investiguen abusos de las Fuerzas Armadas durante el sexenio de Felipe Calderón.
Esa acción tiene como precedente otro recurso interpuesto ante la CPI a finales de 2011, firmado por más de 20 mil ciudadanos mexicanos, para que se analizaran si actos de autoridad en el sexenio de Calderón son materia constitutiva de delitos de lesa humanidad en su modalidad de genocidio.
Vale destacar que la CPI es una instancia diferente a la Corte de Justicia Internacional (CJI), órgano de la ONU. Lo mismo da: Igual se exhibe en el exterior la intrínseca naturaleza del Estado mexicano.
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
