Pablo Cabañas DíazEl 17 de junio las autoridades de la Ciudad de México hallaron diversas partes de lo que pudieran hacer dos cuerpos humanos acompañadas de un mensaje en la esquina de la avenida Insurgentes y Flores Magón en la colonia Nonoalco Tlatelolco, en la delegación Cuauhtémoc. A través de un comunicado la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que se ha iniciado una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso.
La aparicion de estos cuerpos es la expresión de una crisis que en la seguridada pública que venimos arrastando desde los años sesenta del siglo XX. En nuestra ciudad ni los altos responsables políticos ni los de la Policía buscaron erradicar verdaderamente el crimen organizado. Por el contrario, han tratado de controlarlo y contenerlo a través de la corrupción y la negociación con las redes delincuenciales . En el pasado, su objetivo era doble: enriquecerse personalmente y utilizar a los criminales como secuaces para las operaciones policiales de base contra los opositores al Partido Revolucionario Institucional (PRI). En cierta forma, el caso de Arturo Durazo, jefe de la Policía durante la presidencia de José López Portillo (1976-1982), uno de sus viejos amigos y sin duda uno de los más corrupto de los jefes de la Policía mexicana, es un ejemplo de este tipo de maneras de operar . Su única innovación respecto de sus predecesores o sucesores fue sistematizar y exacerbar las prácticas consideradas largo tiempo por el conjunto de la sociedad mexicana no solo como más o menos inevitables, sino como funcionales, puesto que aseguran una forma de orden público: partiendo del adagio de Émile Durkheim, «el crimen es normal, porque una sociedad exenta de él es absolutamente imposible» , muchos responsables políticos hacían de él una especie de sofisma para justificar todos los acomodamientos y connivencias con el crimen organizado.
Estos pactos eran moneda corriente de lo bajo a lo alto de la escala políticoadministrativa. El de la corrupción del mundo de la policía dista de ser un ejemplo circunscrito e inusual en la práctica vigente solo a esa institución. Hasta hace poco, estos no tenían obligación alguna de hacer una declaración sobre el monto de su patrimonio ni al comienzo ni al final de su mandato. Por el contrario, según un dicho popular, durante el primer año de gobierno el presidente se dedicaba a instalar a sus hombres en puestos clave y a establecer su poder, en los seis años siguientes gobierna y, finalmente, durante el último, roba. La cosa parecía deplorable… pero al final era admitida no solo respecto del presidente, sino también de los gobernadores de los estados de la Federación, así como de los ediles municipales. Según esta forma de “gobernar” prevalecía la idea de que estas prácticas permitían el desarrollo con estabilidad y, en última instancia, el enriquecimiento de todos: la fortuna de «los de arriba» contribuiría a lograr la fortuna de todos. El sistema meritocrático del PRI daba a entender que el gran sistema de negociación y ajuste de este corporativismo autoritario, sostenido por el presidente de la República, ayudaba a que cada uno tuviera su parte del botín .
