BOGOTÁ, 2 de marzo (AlMomentoMX).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró su preocupación por la Ley de Seguridad Interior de México, que formaliza la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, al considerar que puede debilitar los derechos y libertades individuales.
“La preocupación que muestro con la Ley de Seguridad Interior es la misma que extendió la comisión el pasado 4 de diciembre. De un lado es legítimo y necesario fortalecer la garantía de derecho a la seguridad, pero sin comprometer ni debilitar derechos ni libertades individuales”, aseguró la comisionada Flavia Piovesan durante las audiencias que la CIDH celebra en Bogotá.
Señaló que “la formación castrense tiene otra lógica, otra racionalidad” a la policial, por lo que consideran que los militares no tienen la experiencia necesaria ni la preparación adecuada “para el desarrollo de este rol de seguridad”.
En tanto, Ernesto López Portillo, secretario técnico del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática y uno de los voceros que tomaron la palabra en nombre de la sociedad civil, aseguró que la inseguridad ha crecido.
“Si tuviéramos una máquina para regresar en el tiempo y nos hubiéramos reunido durante una hora hace dos años, habría 2,1 homicidios en México en esa hora. Hoy, hay 3,5 personas asesinadas”, destacó.
Aseguró que la Ley de Seguridad “invierte el mando civil sobre el militar”, mientras que no hay “evidencia de que la intervención militar reduzca la violencia”.
Por su parte, el colectivo ‘Seguridad sin Guerra’ denunció que la Ley de Seguridad Interior implica el riesgo de agravar las violaciones a las garantías básicas que han cometido las Fuerzas Armadas al realizar tareas de seguridad pública, además de supeditar a las autoridades civiles a las militares.
En el mismo tono, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, envió un mensaje en video a la CIDH en el cual manifestó su preocupación por el riesgo de que dicha ley vulnere los derechos básicos y altere el equilibrio entre el gobierno federal y los estatales y municipales.
Por su parte, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México, Miguel Ruiz Cabañas, señaló que la aplicación de la ley todavía no ha sido implementada, puesto que todavía debe pronunciarse la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Indicó que “existe una serie de políticas” de los esfuerzos de las Fuerzas Armadas, autoridades civiles y Policía Federal “para imbuir las normas de uso debido y proporcionado de la fuerza”, además de que han recibido “entrenamiento en materia de respeto a los derechos humanos”.
El representante del gobierno de México ante la CIDH, dijo que con esa ley no se va a “criminalizar la protesta social”, sino que lo que “inspira esta ley es la amenaza real y es que lamentablemente: el narcotráfico y el crimen organizado”.
Para el funcionario, la situación se ha agravado gravemente por las numerosas tiendas de venta de armas sin mucho control en Estados Unidos cerca de la zona de frontera, “lo que produce un tráfico brutal de armas a México”.
Ante esa situación, cree que las armas de asalto “inundaron” México y beneficiaron “al crimen organizado”, que hoy “tiene una capacidad de fuego superior a las fuerzas policiales”.
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