CIUDAD DE MÉXICO, 18 de diciembre (AlMomentoMX).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, exhortó al presidente Enrique Peña Nieto a que ejerza su facultad de veto a la Ley de Seguridad Interior y solicitó al gobierno federal que explique si la normativa recién aprobada resolverá el tema de seguridad en el país.
“Exhorto con todo el respeto al señor Presidente de la República para que una facultad que él tiene es la facultad de veto, es una posibilidad que le hemos pedido, no solamente un servidor, varios sectores de la sociedad, esperemos que pudiera darse”, dijo el ombudsman nacional.
El funcionario indicó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició un análisis constitucional y convencional para aclarar si la ley cumple con los estándares internacionales y, de lo contrario, solicitará la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Durante la presentación del informe “Los desafíos de la Migración y los albergues como oasis”, González Pérez señaló que “se trata de que todos tengamos certeza sobre esa norma que aprobó el Congreso” el viernes pasado.
Al ser cuestionado sobre los principios constitucionales que trastocaría la Ley de Seguridad Interior, el ombudsman nacional insistió en que espera que haya sensibilidad para que se dé el veto presidencial a la normativa.
“Haremos el mayor análisis en favor de que haya seguridad, es lo que deseamos todos los mexicanos y mexicanas, pero que el marco jurídico esté apegado a la convencionalidad y a la constitucionalidad”, dijo.
Luis González Pérez hizo un llamado a las autoridades para que aclaren si la ley resuelve por completo el tema de seguridad. “No se agota en una ley como ésta el tema de la seguridad, o que me digan ¿si con esto se revuelve el tema de la seguridad? Que nos respondan a la sociedad mexicana si con esto se revuelve el tema de la seguridad”, cuestionó.
El ombudsman puntualizó que la CNDH tiene la capacidad de interponer ante la Suprema Corte de Justicia la acción de inconstitucionalidad dentro de los 30 posteriores a la publicación de una ley.
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