*La autoridad la ejercen ahora los barones de la droga, en sustitución de las policías que tradicionalmente lo hacían. Sustituyeron el respeto a la legalidad, con el miedo a los delincuentes
Gregorio Ortega Molina
Pareciera que la delincuencia organizada -en todas sus modalidades- y aquellos integrantes del gobierno empeñados en restablecer el presidencialismo, se hacen cómplices para lograr ese propósito; colaboran en la inhibición de libertades, con la idea de que los mexicanos anhelemos la mano dura, la militarización acelerada del poder, sobre todo en lo que a procuración de justicia se refiere.
¿Será que además del Estado de excepción para garantizar seguridad, añoran los métodos silenciosos que fortalecieron la plena vigencia y esplendor de la presidencia imperial, de la dictadura perfecta? Guerra en el paraíso, 20 de cobre y Crimen de Estado, o El llanto del lobo, o Rosa Blanca son novelas que narran y exhiben esos recursos del ejercicio del poder que garantizan la anuencia muda, aunque ahora las redes sociales rompen el silencio.
No es un asunto trivial referirnos a esas complicidades, porque ante la ausencia de Estado, por aquello de las políticas públicas de derechos humanos y el escrutinio internacional sobre las acciones de gobierno, la autoridad la ejercen ahora los barones de la droga, en sustitución de las policías que tradicionalmente lo hacían. Sustituyeron el respeto a la legalidad, con el miedo a los delincuentes.
Allí están las estadísticas. Oficiales, o no, nadie las desmiente: el robo en sus diferentes modalidades: en la calle o el transporte público, el total o parcial de vehículo y el de casa habitación es el delito que más se cometió en el país en 2016, según la Encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad del Inegi.
Las respuestas de la sociedad revelaron que en 2016 se cometieron 31.1 millones de delitos en el país. El robo en sus cuatro modalidades representó 48.9% de la tasa de delitos cometidos por cada 100 mil habitantes en México. Es decir, al menos una cuarta parte de los habitantes de esta nación fue asaltado, lo que significa que no hay Estado para dar la cara por los gobernados. El resultado inmediato es un proceso de inhibición, si no es que reversión, de las libertades civiles. Al que no asaltan, le dan cuello.
Pero además ilustran nuestro optimismo y fomentan nuestra confianza, al indicarnos que este año que vivimos concentra cinco de los 10 meses más violentos de toda nuestra historia, léase bien, toda; de acuerdo con estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este quinto año del gobierno se perfila como el más sangriento de que se tenga registro, incluso más que 2011.
No les demos vuelta, vamos a una elección presidencial en la que la opción es corrernos a la extrema derecha, o más sangre. Lo que fue el dilema del desarrollo en la coyuntura de la sucesión presidencial de 1969, democracia o autoritarismo, hoy se convierte en autoritarismo o más violencia, muerte y latrocinio. Todo seguirá igual.
