Fernando Irala
A un año de la puesta en vigor del sistema penal acusatorio, y a más de diez de su preparación, el jefe de Gobierno de la ciudad de México ha encendido las alarmas porque acaba de caer en cuenta que como una consecuencia de las reformas, miles de presos en la capital del país y en todo el territorio nacional recuperarán pronto su libertad.
Al evitar la prisión para una serie de delitos que ahora se clasifican como no graves, el resultado es que en adelante quienes los cometan no pisarán la cárcel. Pero hacia atrás, todos quienes purgaban una pena o enfrentaban un proceso tras las rejas se verán también beneficiados y podrán salir libres.
El señor Mancera sabe, como cualquier ciudadano, que los reclusorios son eficaces centros de formación de delincuentes, por lo supone que quienes sean liberados no saldrán para enderezar su vida, sino para reanudar una carrera delincuencial.
La amenaza es real, aunque incluso prescindiendo de ella las cosas ya caminan muy mal.
En los recientes años, en el área metropolitana ha crecido la incidencia delictiva de manera notable. El asalto callejero a transeúntes y automovilistas, así como el robo a casa habitación, entre otros delitos corrientes, se han vuelto más frecuentes y cotidianos.
En todo el país, la secuela del crimen organizado ha desatado una oleada de violencia, porque los delincuentes saben que lo más probable es que casi cualquier delito que cometan quedará impune.
Lo cierto es que ni la ciudad ni el país han podido afrontar el gran reto de modificar y sanear de raíz los sistemas de procuración de justicia.
En la gente hay sorpresa e indignación cada que se conocen casos de corrupción, negocios chuecos y enriquecimientos escandalosos entre funcionarios. Pero la verdad es que en el poder judicial y en toda la maquinaria en la que intervienen ministerios públicos, policías, jueces y sistemas carcelarios, es donde esos fenómenos son más agudos y difíciles de erradicar.
Tal es la tarea pendiente en la que no se ve para cuándo habrá algún avance.
Entretanto el jefe de Gobierno nos propone que simplemente no se deje salir a los presos que ahora tendrán derecho a la libertad.
De otra manera, nos confiesa que la autoridad no puede con la delincuencia. Y que se va a poner peor.
