CIUDAD DE MÉXICO, 7 de julio (AlMomentoMX).- El Estado mexicano reveló que nueve líneas celulares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos estuvieron activas después de los hechos en Iguala. Esto, dijeron representantes de las víctimas, “echa abajo” la llamada “verdad histórica” de los hechos de entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
En audiencia de oficio sobre el caso Ayotzinapa realizada en Lima, Perú, durante el 163 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), autoridades mexicanas también confirmaron que sí se investiga el trasiego internacional de drogas en autobuses.
Al informar de estas conclusiones de la Procuraduría General de la República (PGR), el fiscal Alfredo Higuera Bernal detalló que los chips o los aparatos telefónicos –toda vez que se pudieron rastrear algunos IMEI– registraron actividad en días posteriores a la desaparición. Los abogados de los normalistas cuestionaron por qué no se hizo este rastreo desde octubre y noviembre de 2014.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), en cuanto al posible trasiego de drogas, los abogados de las familias indicaron que el llamado quinto autobús sí hizo el recorrido conforme a lo dicho por los normalistas desde el principio del caso.
“Se confirma que el quinto autobús llegó prácticamente hasta el Palacio de Justicia y que fue interceptado por la policía. Sin embargo, ante los tribunales el Estado afirma que ese autobús se quedó afuera de la terminal, vandalizado por los estudiantes”, dijeron.
Mario González, en representación de las familias de los normalistas, manifestó que el tiempo le ha dado la razón al GIEI pues el cronograma incluye sus recomendaciones. “El Estado cree que somos necios. Los padres solo aceptaremos pruebas científicas”, insistió.
González le reclamó a las autoridades la impunidad en que continúa el caso; aseguró que los padres están sufriendo las consecuencias de la desaparición de sus hijos y que continúan desesperados porque a casi tres años no tienen noticia del paradero de sus hijos.
En esta sesión, la presidenta de la CIDH, Esmeralda Troitiño, y el comisionado James Cavallaro, denunciaron que los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pudieron ser víctimas de espionaje telefónico por parte de dependencias del gobierno mexicano, con apoyo del programa Pegasus.
Por ello, los comisionados de la CIDH y los representantes de los familiares de los 43 demandaron una explicación a los funcionarios gubernamentales presentes en la sesión y exigieron una investigación a fondo.
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