Lilia Arellano.
“Es la hora de hacer justicia a nuestros indígenas,
de superar sus rezagos y sus carencias; de
respetar su dignidad”: Luis Donaldo Colosio
- Guerra al narco: crimen de alto impacto
- Violencia es incontenible en Guerrero y Colima
- El caso Ayotzinapa: emplazan a Raúl Cervantes
- Masacre de San Fernando; indagatorias públicas
- Cué ordenó matanza en Nochixtlán: Peimbert
- Roo: fortalecen la doble cara de gobernantes
- México, sin suficientes policías, admite el SNSP
Ciudad de México, 2 de junio de 2017.- Desde hace casi una década, México entró en una escala de violencia al declarar el presidente Felipe Calderón la “guerra al narcotráfico”, a fin de controlar el trasiego de drogas al mercado de estupefacientes más grande del mundo: Estados Unidos. La gestión de Enrique Peña Nieto mintió y mantuvo la misma estrategia, con las Fuerzas Armadas en lucha frontal contra las organizaciones criminales y con los mismos reprobables resultados: alrededor de 250 mil muertos y contando; decenas de miles de desplazados y desaparecidos y un número similar de víctimas “colaterales”; los cárteles descabezados simplemente se fraccionaron, se multiplicaron, ampliaron sus áreas de influencia y control territorial y operación ilícita abarcando otros delitos como el robo de combustible, el secuestro y “la seguridad” con el cobro de derecho de piso a comerciantes y empresarios.
Mientras EU no reduzca su demanda y consumo de drogas, desde México habrá quien los provea y el problema persistirá y se agudizará si no existen controles en territorio estadounidense a la extraordinaria venta de armas a cárteles mexicanos. La guerra al narco es ajena a México y tiene sus raíces en territorio estadounidense. En suelo mexicano, el combate al crimen no sólo debe estar en manos de las Fuerzas Armadas, sino con programas sociales y políticas públicas, como lo admitió Alberto Begné Guerra, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, en la presentación de un estudio relacionado con la prevención del delito realizado por la Organización México Evalúa en coordinación con la Unión Europea en el país
Medio centenar de municipios y ciudades del país concentran las bajas de esta guerra: Tijuana Colima, Acapulco y Ecatepec se encuentran en los primeros lugares. En el estado de Colima se dispararon los índices de violencia, los cuales superan la media nacional, debido a la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa por controlar el Puerto de Manzanillo y otras áreas de la costa del Pacífico, admitió el subordinado de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación y responsable de la seguridad interior del país. Begné acepta: “necesitamos continuar (trabajando) en los estados que han sufrido una descomposición social por años, es el caso de Guerrero y Tamaulipas; se recrudeció nuevamente Chihuahua, tenemos otra vez problemas en Baja California, que se había avanzado, y al mismo tiempo mejoras significativas en otro lugares, por ejemplo Coahuila”.
El funcionario de Segob consideró que la política de prevención de la violencia y el delito “no ha fracasado” porque las sociedad civil se ha apropiado de ella, al igual que las universidades, iglesias y organismos empresariales, además de las autoridades locales que han hecho su trabajo. Pero la realidad nos muestra otra cara: por ejemplo, en Guerrero, al menos 942 personas fueron asesinadas en los primeros cinco meses del año, un promedio de más de 6 víctimas al día, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Tan sólo entre martes y miércoles de esta semana se registraron 21 víctimas de asesinato, a las cuales se sumaron 3 policías ejecutados el jueves. Ese día, en la región de la Montaña, hombres armados emboscaron a un grupo de policías del Municipio de Cualác, con un saldo de tres uniformados muertos y tres heridos. Los hechos ocurrieron en un crucero que conduce a la localidad de Coatlaco.
En tanto, con un problema de inseguridad cada vez más agudo, casi mil policías estatales se declararon desde el lunes pasado en paro en demanda de mejores condiciones laborales. Durante los últimos dos días se intentó llegar a un acuerdo con los uniformados pero las negociaciones fracasaron, por lo cual 176 agentes fueron notificados de su cese definitivo de la corporación. Los policías exigieron ser reinstalados durante una marcha sobre la Autopista del Sol hasta la sede de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, donde interpusieron una queja. En ella, demandan además se regrese al esquema de tres días de trabajo (acuartelados) y tres de descanso, un bono de riesgo de 2 mil pesos al mes, el cual les prometió el gobernador Héctor Astudillo, y equipo y armamento nuevos, entre otras demandas.
En la región de Tierra Caliente, Guerrero se libra una cruenta batalla entre los grupos criminales de Los Tequileros y La Familia Michoacana, la cual ha dejado decenas de muertos y secuestrados. En la región centro de la entidad, los enfrentamientos entre grupos criminales dejaron cinco víctimas en el municipio de Leonardo Bravo. Autoridades de Acapulco reportaron la ejecución de cinco personas, dos de ellas desmembradas. Y en Chilpancingo, dos menores de 14 y 15 años, quienes se dedicaban a cargar bolsas de mandado, fueron asesinados por tres jóvenes armados a plena luz del día en los pasillos del área de carnes del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla. La tarde del miércoles, también fue ultimado a tiros el ex comisario municipal de la comunidad de Atliaca, municipio de Tixtla, Victorino Iglesias Alarcón, quien militaba en el PRD.
EMPLAZAN AL PROCURADOR RAÚL CERVANTES
Raúl Cervantes, procurador general de la República, fue emplazado por los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, quienes desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014, a entregar a más tardar en la segunda semana de agosto resultados concretos de la investigación en torno a la presunta participación de elementos de la Policía Federal y del Ejército en el llamado caso Iguala, así como en el trasiego de droga de ese municipio a la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, y el análisis a los números telefónicos de los estudiantes y detenidos.
Las autoridades federales entregaron a los padres y representantes un cronograma que fija fechas para dar avances, pero algunas se postergan hasta octubre, luego de más de tres horas de una ríspida reunión, en la cual estuvieron presentes funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores: Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob; Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Relaciones Exteriores; la subprocuradora Sara Irene Herrerías, y el fiscal del caso, Alfredo Higuera, así como integrantes del “equipo técnico” del mecanismo de seguimiento designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Dentro de las líneas de investigación a seguir y concluir por la PGR está la intervención de la Policía Federal, la policía municipal de Huitzuco y la identificación de los personajes citados como El Patrón y El Caminante, pues todos ellos habrían intervenido en la desaparición de los estudiantes la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, en manos del cartel Guerreros Unidos.
La línea a seguir más compleja “es la del Ejército”, como lo admitió Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas, quienes aceptaron que la demanda de investigación en contra de Tomás Zerón por haber realizado una diligencia irregular en el río San Juan, “ha quedado rezagada”. Este tema y el ocultamiento de la libreta asegurada a Sidronio Casarrubias, en la cual aparecen los nombres de jefes policíacos que laboraban en Iguala, no figuran en el calendario de entrega.
El procurador Raúl Cervantes sostuvo continúan abiertas todas las líneas de investigación con relación a la desaparición de los estudiantes. También asumió el compromiso de dar continuidad a las reuniones establecidas en el marco del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa, con los padres y sus representantes. Aunque el cronograma de la PGR se pretende concluir en octubre, el emplazamiento es entregar la información en agosto.
MATANZA DE SAN FERNANDO; INDAGATORIA DEBE SER PÚBLICA
La reciente decisión –el miércoles pasado- de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) está facultada para calificar la existencia de violaciones graves a las garantías fundamentales en materia de transparencia es trascendente, destacaron especialistas. Esto obliga a la CNDH a elevar el perfil jurídico y político de asuntos como la matanza de 72 migrantes ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010.
Está en posibilidades de definir la CNDH si procede la reserva de información relacionada con delitos de lesa humanidad y, por tanto, si dicha indagatoria debe ser pública. Cabe recordar que la CNDH –entonces encabezada por Raúl Plascencia Villanueva- confirmó la clasificación de información reservada para el caso de la matanza de migrantes en San Fernando, establecida por la Procuraduría General de la República (PGR). Ahora los ministros le ordenan a la CNDH que determine si dicha matanza fue o no un delito de lesa humanidad.
El abogado integrante de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, agrupación que representa a familiares de las víctimas de San Fernando, Sergio Méndez, consideró que la CNDH, al tener la facultad de establecer cuando una investigación está relacionada con violaciones graves a los derechos humanos, puede abrir la puerta para que la indagatoria sea pública.
La Ley de Transparencia fija la posibilidad de que las averiguaciones previas sobre delitos de lesa humanidad sean conocidas por la sociedad. Pero la CNDH se ha negado a clasificar las matanzas como violaciones graves, ignorando parámetros jurídicos de la Suprema Corte y de organizaciones internacionales, los cuales señalan como delitos graves los actos de tortura, violencia sexual contra mujeres, masacres, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, entre otros.
CUÉ ORDENÓ LA MATANZA DE NOCHIXTLÁN: APC
Arturo Peimbert Calvo, ombudsman estatal de Oaxaca, acusa: “El gobernador Gabino Cué dio la orden de esta matanza”, al referir lo ocurrido en Asunción Nochixtlán, el 19 de junio de 2016, cuando policías federales y estatales ejecutaron un operativo de desalojo contra pobladores y profesores que protestaban contra la reforma educativa, el cual dejo un saldo de siete personas muertas y más de 150 lesionados.
Cué Monteagudo se negó sistemáticamente a buscar solución al conflicto por medio del diálogo y a reunirse con las víctimas, sostuvo el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, en una reunión entre integrantes del Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 de Junio con el gobernador actual, Alejandro Murat Hinojosa.
Peimbert Calvo subrayó que Cué Monteagudo aceptó haber solicitado a la Federación el desalojo de los manifestantes de Nochixtlán y del Istmo de Tehuantepec y, por tanto, reconoció su responsabilidad en este suceso. Pero, el entonces mandatario se negó a hacerse responsable por los heridos y fallecidos del operativo Oaxaca.
Durante una reunión privada el miércoles con integrantes del Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 de Junio Nochixtlán (Covic), en Palacio de Gobierno de Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat se comprometió a aclarar esos hechos de violencia. En un posicionamiento conjunto destacó el compromiso de que no se repetirán “los funestos acontecimientos ocurridos el 19 de junio de 2016 en esa comunidad”. En el escrito se destacó la disposición de las partes para que se haga justicia por esos hechos.
DOBLE CARA
Sigue extendiéndose cual hierba maligna la doble cara de los políticos. Juan Zepeda, candidato perredista al gobierno mexiquense, porta una de ellas: de un lado, el PRD; del otro, el PRI. Sabe que, si ganan los tricolores por lo menos tendrá chamba o tal vez una fortuna tal que le permita vivir sin trabajar. Si pierden, igual se sabrá trabajó para el PRI y se irá tratando de lanzar penas y culpas al viento, intentará no perder su “capital político”, el ofertado a uno y otro bando, porque con el PAN no puede tener ningún desaguisado en virtud de las pláticas para aliarse en el 2018. Del Mazo Maza porta otra: en una es visible la sonrisa, se gritan vivas a las mujeres, hay tarjetas rosas; en la otra trae pegada la marca Odebrecht, los precios alzados, Atlacomulco. Luis Videgaray ha tenido oportunidad de caretas vistas en el extranjero: pone atención a la hambruna en Venezuela, interviene en el Foro para captar atención en el tema y se conduele; del otro lado están las medidas dictadas en México para fomentar, multiplicar, la miseria, provocar todos los daños a industrias y comercios con los cuales señalan al gobierno de Maduro.
Fuera de México también hay quienes mantienen vigentes dos rostros. Carlos Puig, en una de sus últimas colaboraciones, habla de Manuel Antonio Noriega, general panameño, fallecido el pasado lunes 29. Revela una carta en la cual John C. Lawn, jefe de la DEA, lanza una serie de reconocimientos a la labor del comandante, a la ejecutada en contra de las células del narcotráfico. La misiva está fechada el 27 de mayo de 1987 y no pasaron ni tres meses cuando lo acusaron de fraude, conspiración y tráfico de marihuana y cocaína. En 1989 fue arrestado invadiendo Panamá, bajo el señalamiento de operar entre 1981 y 1986 (o sea libraron el año en el cual fue aplaudido) una red militar y empresarial para proteger cargamentos con más de cuatro mil 400 libras de cocaína con destino a Estados Unidos.
En el interior del país, gobernantes y alcaldes tienen esa facultad multiplicada, son varias las caras aunque solamente presumen de un ángulo bueno, del que ponen para las fotos. Con la sonrisa de oreja a oreja, firmaron acuerdos de seguridad el gobernador Carlos Manuel Joaquín González y los alcaldes; también ellos mostraron cara de felicidad. Mientras tanto, siguen vacíos los retenes carreteros, no existe ninguna vigilancia en esos caminos; se realizan detenciones pero contra activistas, como es el caso de Ariel Antonio G. involucrado en la lucha por evitar se lleve a cabo otro ecocidio en Tajamar. Lo detuvieron bajo el cargo de violador serial y con supuestas acusaciones en Yucatán y Campeche. Según declaraciones del padre del acusado, ni siquiera conocen Yucatán. Veinticuatro horas antes de tan brillante anuncio sobre un “mando único y mixto” (único para que se vean más y mixto porque los hay sin capacitación y sin capacidad) ejecutaron a dos mujeres y balacearon a un par de sujetos, uno en Benito Juárez y el otro en Tulum. Agregue la ejecución de un joven a manos de la policía cuando llevaban a cabo una revisión “de rutina”.
Hablan de coordinación en momentos en los cuales el director operativo de seguridad pública en Benito Juárez decide dejar a la ciudad sin 30 agentes. Proclaman la llegada de la justicia y de la transparencia y no reconocen que, al internar al famoso ruso en la cárcel, los reclusos le propinaron otra brutal golpiza por la cual tuvo que ser de nuevo trasladado al nosocomio y ahora no saben ni qué hacer con él porque no puede permanecer más tiempo en el lugar y menos aún como detenido. Seguramente Fidel Villanueva, todavía por unos meses titular del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, se percató de la doble cara y de las intenciones de no cumplirle ningún acuerdo o palabra empeñada y mágicamente ha desaparecido del panorama. Cero declaraciones, presentaciones, apariciones públicas, etcétera. Como ya no le queda tiempo ni para protegerse a sí mismo y va encontrando las deslealtades y las venganzas en su camino, todo apunta emprendió las de Villadiego.
Para quienes habitan en el sur y mostraron su hartazgo con la emisión del voto, les llegó un segundo latigazo con las declaraciones del ex notario y actual titular de la oficina de Gobierno, Francisco López Mena, referidas al conflicto limítrofe del estado con Yucatán y Campeche en el cual pierden territorio. “Jurídicamente no hay nada que hacer”, les dijo así, a boca de jarro. Igual que han sido informados de la inexistencia de empleos, de la falta de pago en los préstamos solicitados y, por lo tanto, son cientos de burócratas los inscritos en el buró de crédito; como han comprobado, se dejaron de pagar los seguros escolares, disminuyeron los montos en el caso de los de vida y dejaron sin recibir comisiones por las ventas a gobierno, debido a lo cual, quienes contaban con la representación de las aseguradoras se quedaron sin cliente y todo ello para concentrar, sin licitación ni transparencia de por medio, la adquisición de las pólizas a través de un despacho de la Ciudad de México.
Así se multiplican las dobles caras, generacionalmente. O quién sabe si son hereditarias, congénitas o van de mimetismo en mimetismo. Por lo pronto, cuatro pueden ir colgando su carta de deseos presidenciales y hasta gubernamentales: Francisco López Mena junior, dejando abierto el camino para el tropiezo de Candy Ayuso, o para la derrota de Leslie Hendricks, Mauricio Rodríguez, ya bailó y en la cárcel. Si después de lo visto e informado los benitojuarenses aceptan el próximo año como candidatos a la alcaldía a fuereños del calibre de Juan Vergara, o aceptan se reciclen Gregorio Sánchez, Ignacio García Zalvidea o el propio Remberto Estrada, se verá claramente padecemos una enfermedad incurable.
Al respecto, uno de los “Chuchos”, Zambrano, dijo: “no hay personaje histórico que no se vea obligado a llevar una máscara y no hay máscara o personaje enmascarado que no desate un delirio de persecución. Podría hasta preverse el número de víctimas que a un cierto régimen corresponde, mirando tan sólo la máscara que lo representa”, así o más claro.
DE LOS PASILLOS
México no tiene suficientes policías. Admite el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno, no hay policías suficientes en el país y de los que hay, muchos no tienen la capacitación necesaria. Por lo menos, se requieren el doble de policías, sostuvo el funcionario en la inauguración de la primera reunión nacional de academias de seguridad pública e instituciones de formación policial. También anunció que este año se destinarán mil 500 millones de pesos para capacitar a las policías…
Ser activista defensor de derechos ya sean humanos, ambientales, sobre aplicación de justicia o reclamando tierras invadidas o de las cuales han sido despojado, es un peligro mayor pues convierten a estos luchadores en víctimas de criminales, en parte de las estadísticas mortales y, de ellas, no se exenta a los inclinados por investigar, detener a quienes liquidaron a sus familiares… Hasta la cocina se metieron en la UNAM los de la PGR y vienen trabajando con el personal de seguridad de esa casa de estudios superiores. Como resultado han logrado capturan a un buen número de narcomenudistas, como todos los estudiantes sabían en dónde está el centro de operaciones no fue tan difícil actuar, lo malo es hacerlo tan despacio…
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