Fernando Irala
La intervención militar en Palmarito, epicentro del robo de combustibles en los ductos que cruzan el estado de Puebla, tuvo como secuela la aparición de un video en que se ve una clásica escena de guerra: un “huachicolero” ataviado con un chaleco antibalas es primero sometido por la tropa, pero en medio de un nuevo ataque de los delincuentes dispara con un arma no detectada y hiere mortalmente por lo menos a un soldado.
Minutos después, en el mismo punto un militar aparentemente ejecuta en medio de la refriega a un supuesto agresor bajado de una camioneta.
Y otra vez, la polémica reiterada a través de los días y los años que ha durado la actual etapa de combate al narcotráfico y al crimen organizado, sobre la actuación militar y sus excesos, y si es o no su papel andar en calles y caminos en la persecución de delincuentes.
El General Cienfuegos, secretario de la Defensa, señaló que la intervención del Ejército en el tema del robo de combustibles se produce por la negligencia de las autoridades civiles para perseguir y controlar el delito. Lo mismo puede decirse del narcotráfico y en general de todos los ámbitos en donde se hace presente la delincuencia organizada.
Por lo pronto se investigará a la luz de los videos conocidos y de todas las evidencias disponibles sobre el robo y tráfico de combustibles.
Pero con ello no se agota el asunto. La cuestión es que las estructuras policiacas y los esquemas de gobiernos de municipios y estados han sido absolutamente ineficaces para enfrentar al crimen organizado. Y la actuación de la Policía Federal se ha mostrado igualmente insuficiente.
El Ejército y la Marina son las últimas reservas de un Estado fallido por lo menos en el rubro de garantizar elementales niveles de seguridad a la población y enfrentar a la delincuencia.
Pero esas instituciones tienen su origen en la defensa del país y operan inevitablemente con una mentalidad de guerra.
Su uso en funciones policiacas es un abuso e implica riesgos como los que ahora se evidencian.
Mientras ello ocurre, los legisladores tienen pasmada la Ley de Seguridad Interior, que permitiría definir con claridad las funciones temporales de las fuerzas armadas y los plazos para construir instituciones sólidas de seguridad frente a la delincuencia.
Total, en su bunker nada pasa.
