Pablo Cabañas Díaz
(Segunda parte)
En noviembre de 2015, Pemex estimó que se hurtaron $1.9 millones de pesos por hora o $48 millones de pesos al día . Al cumplirse la primera mitad del periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto, se contabilizaban 2 620 tomas clandestinas adicionales a las registradas durante los dos sexenios previos”. De los robos reportados, 65% se perpetra en los estados de Tamaulipas, Guanajuato, Sinaloa, Jalisco, Puebla y Tabasco, y generalmente se culpa al crimen organizado por este delito.
El Instituto Nacional de Ciencias Penales indica que el narcotráfico representa sólo un eslabón en este proceso, pues también están involucrados en la ordeña funcionarios públicos, empresarios nacionales e internacionales y empleados. Estos delitos han provocado múltiples accidentes, explosiones, daños a personas y a bienes materiales, así como contaminación en humedales, cuerpos de agua y tierras de cultivo.
Los estados con mayor robo de gasolina coinciden con aquéllos con alta incidencia del crimen organizado, tanto en la franja del Golfo como en la del Pacífico, aunque a partir de 2013 se vio afectado también el centro del país, especialmente el estado de Puebla. La venta se da principalmente en gasolineras con franquicia de Pemex y debido a ello, a pesar del aumento en la cantidad de automóviles, no se incrementó el nú- mero de estaciones de distribución.
Este canal paralelo de comercialización ha privado a Pemex de ingresos y ha impedido también que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recaude el impuesto por la venta de gasolina clandestina, aunque el consumidor lo sigue pagando en estas gasolineras asociadas con el crimen. La debilidad del marco jurídico ha obstaculizado la lucha contra la ordeña, aunque en 2014 los diputados y senadores aprobaron un reforzamiento de las penas, que se endurecieron aún más en 2016. Sin embargo, la dispersión masiva por todo el país y la amplitud de la red de ductos han dificultado que se pueda capturar a los delincuentes.
La debilidad del marco jurídico ha obstaculizado la lucha contra la ordeña, aunque en 2014 los diputados y senadores aprobaron un reforzamiento de las penas, que se endurecieron aún más en 2016. Sin embargo, la dispersión masiva por todo el país y la amplitud de la red de ductos han dificultado que se pueda capturar a los delincuentes
