Pablo Cabañas Díaz
El 21 de enero de 2008, unas horas después de la captura de José Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”, funcionarios federales que en ese momento encabezaban el combate al narcotráfico y que al mismo tiempo trabajaban para la organización criminal de los Beltrán Leyva planearon un asalto a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para rescatar al menor de los hermanos Beltrán a cambio de un pago de cinco millones de dólares.
Los funcionarios entregaron al cártel un croquis en el que detallaban el sitio exacto donde estaba detenido Alfredo Beltrán Leyva, cuántos guardias resguardaban el edificio y señalaban la hora idónea y el punto más débil para que realizaran la operación de rescate de “El Mochomo”.
Declaraciones de testigos protegidos en México y Estados Unidos permiten conocer de cerca el escándalo de corrupción oficial y penetración del crimen organizado más grave de los últimos años y revelan como funcionarios de la agencia antidrogas de México que ocupaban cargos de dirección mantenían nexos con la organización criminal dirigida por los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leyva.
Tras la captura de “El Mochomo” la organización de los Beltrán Leyva hizo saber a los funcionarios que los ejecutaría por no haber avisado de la operación para detener a José Alfredo, pese al pago mensual de 150 mil dólares que les daban. Testimonios de personajes que participaron en esta historia, y que forman parte de una investigación detallan como esta amenaza de muerte, así como un interés posterior de obtener una millonaria suma en dólares, hizo que los funcionarios buscaran hacer un nuevo negocio con el escape de “El Mochomo”.
El testigo protegido bajo el nombre clave de Jennifer —un hombre que trabajaba con el cártel y que fue encargado de coptar y pagar a los funcionarios— reveló que a escasas horas de que fuera detenido el hermano menor de los Beltrán Leyva, él recibió la llamada de dos de sus “contactos” quienes le alertaron de que estaban a punto de detener a “El Mochomo”, en Culiacán, Sinaloa, y no había nada que se pudiera hacer para impedirlo porque el operativo lo efectuarían militares de élite que reportaban solamente al alto mando.
De inmediato, el cártel ofreció a los funcionarios cinco millones de dólares para frustrar la operación, pero los “contactos” señalaron que “ya no se podía hacer nada”. “Jennifer” colgó el teléfono y se comunicó entonces con su jefe, Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie” —el jefe de sicarios de los Beltrán Leyva— para avisarle de la detención que estaba por ocurrir. Esa fue —según el informante— fue la primera noticia que obtuvieron tanto “La Barbie” como Arturo Beltrán Leyva, el jefe de la organización criminal, sobre la detención de su hermano.
