José Sánchez López
LA relación entre servidores públicos y periodistas, nunca ha sido buena, desde luego, con sus raras excepciones.
Y es lógico.
El comunicador, en el desarrollo de su labor informativa, se vuelve incómodo por ventilar comportamientos inadecuados del policía, agente, ministerio público, juez, magistrado, ministro, políticos o cualquier otro funcionario.
De ahí su animadversión y quizá la explicación del por qué, del 2000 a la fecha, han sido asesinados 117 periodistas y han desaparecido otros 21, además de que el 99 por ciento de los casos estén en la impunidad.
Desde luego que no se puede culpar solamente a los servidores públicos, hay otras razones más, pero en un buen número de los crímenes surge la connivencia de funcionarios con delincuentes.
Sin embargo, cada vez que ocurre el crimen de algún periodista, son las mismas autoridades las primeras en “sugerir” que el comunicador, podría haber muerto por sus nexos con la delincuencia.
Es decir, desde el inicio de las investigaciones la víctima es criminalizada.
Al respecto, ninguna de las numerosas organizaciones mexicanas que tomaron como estandarte la defensa de periodistas, ha mencionado siquiera alguno de esos aspectos.
Tuvo que ser una organización internacional, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la que abordara el tema.
En su último informe, hecho público en Guatemala, fue contundente al señalar: “La policía es una de las principales instituciones responsables de las agresiones a periodistas en México”.
Y remarcó que las autoridades mexicanas, son responsables en muchos casos de las agresiones contra la prensa, que superan los atentados provocados por el crimen organizado.
En este contexto, destaca el informe, la policía se convirtió en uno de los principales responsables de las agresiones contra la prensa, que tiene que recurrir a la “autocensura” para garantizar su seguridad en un clima de violencia.
Por esa situación, varios medios de comunicación mexicanos han optado por omitir información y las redes sociales se han convertido en fuentes de información alternativa y ante las presiones del Estado, la prensa omite en gran medida las denuncias de atentados o acoso a comunicadores y medios locales.
Pero hay otros que no solo callan, sino tienen que claudicar.
Entre esos casos, está el de la periodista MIROSLAVA BREACH VELDUCEA, corresponsal de La Jornada y colaboradora del diario
“El Norte”, que denunció casos de narcotráfico y corrupción.
Fue asesinada el 23 de marzo y el domingo 2 de abril, SERGIO CANTÚ MURGUÍA, director del rotativo que tenía 27 años de publicarse, tuvo que cerrarlo en forma definitiva.
¡ADIOS! fue su portada.
“Esta decisión es consecuencia de las agresiones mortales que sufren los reporteros y la impunidad que cierra las puertas a un periodismo crítico. Se nos dejó solos. Luchamos contra corriente, recibiendo embates y castigos de particulares y gobiernos”, fue el mensaje.
Entre los últimos reporteros asesinados, figuran RICARDO MONLUI CABRERA, editor de la columna Crisol, que se publicaba en El Sol de Córdoba y CECILIO PINEDA BRITO, colaborador de La Jornada Guerrero.
Por todo ello, la SIP considera que México es el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas y de manera especial, Veracruz y Puebla.
En el caso de Veracruz, durante el gobierno de JAVIER DUARTE DE OCHOA, fueron asesinados 19 periodistas; el 42.5 por ciento del total de comunicadores victimados en todo el país en el mismo lapso.
El informe señala que el ex gobernador de Puebla, RAFAEL MORENO VALLE, amenazó, denunció y atacó, a través de terceros, a comunicadores, “afectando su estabilidad personal, patrimonio y libertad”, porque varios periodistas denunciaron que financia con dinero público su candidatura a la Presidencia de la República.
En los últimos seis años, de 798 investigaciones por agresiones solo hay tres condenados.
Bajo esa perspectiva ¿se anima a abrazar el oficio periodístico?
Requisito único: desprecio a la vida.***LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ES PODER DECIR LO QUE ALGUNOS NO QUIEREN OIR.***AU REVOIR.
