CIUDAD DE MÉXICO, 4 de abril (AlmomentoMX).- México se ha convertido en un paraíso para el lavado de dinero, ya que anualmente alrededor de 150 millones de dólares son blanqueados en nuestro país, señala un estudio elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados.
Señala que principalmente son seis delitos los que alimentan este trasiego multimillonario de recursos: narcotráfico; venta ilegal de armas; contrabando; evasión fiscal; facturación fiscal fraudulenta, y robo de recursos públicos.
De acuerdo con la carpeta informativa “Estructuras financieras del crimen organizado”, elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, señala también otras actividades de la delincuencia organizada que desde México contribuyen a aumentar el capital de la mafia trasnacional: robo de combustible; falsificación de fármacos, electrónica y cigarros; tráfico de órganos humanos; trasiego de fauna silvestre; pesca ilegal o no declarada; tala y trasiego de maderas preciosas; tráfico de diamantes y piedras preciosas; trasiego de oro; minería ilegal; y tráfico de arte y bienes culturales. A éstos se suman los más recientes delitos de la ciberdelincuencia organizada: robo de identidad y pornografía infantil.
El documento, preparado por el investigador José de Jesús González Rodríguez, indica que el nivel de los flujos de dinero ilícito que circulan por México (se generan, ingresan o salen) hace de este país el más afectado de todo el hemisferio occidental. A nivel mundial, por encima de la República Mexicana sólo se encuentran China y Rusia. De América, el segundo lugar es Brasil (sexto a nivel mundial), el tercero Costa Rica (décimo cuarto global), el cuarto Panamá (décimo octavo mundial) y el quinto Chile (vigésimo de todo el mundo).
El expediente da cuenta de “la gravedad y las consecuencias sociales” de las actividades del crimen organizado y los flujos financieros que generan. A pesar de que el gobierno mexicano y los gobiernos de los países del mundo en general se han visto obligados a aplicar “medidas” contra las finanzas de la delincuencia organizada, sus efectos “son prematuros y difíciles de evaluar”. Concluye el documento: tales medidas han sido calificadas “como meros paliativos o, incluso, como placebos”.
El doctor en estudios latinoamericanos Israel Daniel Inclán Solís no se sorprende. Y es que, señala el investigador del Instituto de Investigaciones Económicas (Iiec) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en realidad tal combate a las finanzas de la delincuencia organizada no existe.
Adscrito a la Unidad de Investigación de la Economía Mundial del Iiec, Inclán Solís señala que el Estado mexicano actual no puede cortar los flujos financieros al crimen. La explicación no se encuentra en la falta de capacidades de los órganos de inteligencia, sino en algo más profundo: Estado y delincuencia organizada no son entes separados. Están “imbricados” en una misma institución.
“No es que el Estado no haga bien sus tareas, sino que tenemos a un Estado que se ha transformado y que ha incorporado a sí mismo los proyectos económicos criminales. Sería como autoperseguirse”, señala el también catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.
AM.MX/fm
