TLAOLA.— En un despliegue interinstitucional en la Sierra Norte poblana, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla aseguraron un inmueble acondicionado como una sofisticada granja clandestina de minería de criptomonedas.
⇒ Las instalaciones operaban en este municipio de origen náhuatl —ubicado a unos 230 kilómetros de la capital del estado—, donde no se reportaron personas detenidas al momento de la intervención policial.
Al interior del predio, los agentes encontraron un centro de procesamiento de datos a gran escala alimentado por una robusta red eléctrica especializada. Entre lo asegurado destacan:
• Cerca de 300 equipos de cómputo de alto rendimiento con procesadores gráficos especializados (GPU), varios de ellos operando de forma activa.
• Un transformador de pedestal diseñado para convertir media tensión subterránea a baja tensión.
• Alrededor de 80 terminales eléctricas de media tensión.
• Ocho antenas de internet satelital para mantener la conectividad continua con las cadenas de bloques (blockchain).
Autoridades explicaron que regiones rurales y apartadas suelen ser elegidas deliberadamente para estas operaciones con el objetivo de amortiguar el constante ruido de los ventiladores, eludir la vigilancia y facilitar presuntas conexiones irregulares a la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dada la inmensa demanda de energía de estos sistemas.
Aunque la minería de criptomonedas no constituye un delito por sí misma en México, la SSP estatal precisó que la investigación busca esclarecer si los activos virtuales extraídos en el sitio servían para estructurar esquemas de lavado de dinero y blanqueo de capitales vinculados a grupos del crimen organizado. Asimismo, se inspecciona si el predio extraía electricidad de forma ilegal.
El inmueble y los dispositivos tecnológicos quedaron formalmente bajo el resguardo del Ministerio Público de la Federación, que continúa con los peritajes para identificar a los propietarios del predio y el volumen financiero operado por la instalación clandestina.
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AM.MX/dsc
