BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El Gobierno de Javier Milei celebra el superávit fiscal como una de las pruebas decisivas de su éxito económico. Pero para lograr que le cuadren los números mantiene inmovilizados recursos que el Estado ha recaudado con fines específicos, como el dinero para el mantenimiento de la red de carreteras de Argentina o el destinado a obras hídricas.
Una denuncia presentada ante la Justicia por la falta de ejecución de fondos fiduciarios acusa al Gobierno de haber acumulado un superávit cercano a los 3.000 millones de dólares por esta vía y de haber invertido gran parte de ese dinero en letras y títulos públicos.
El caso más elocuente es el del Sistema Vial Integrado (SisVial). De los aproximadamente 1.000 millones de dólares recaudados en los últimos dos años y medio para construir y mantener carreteras nacionales, apenas se ha adjudicado el 26%, mientras que lo demás fue a parar a inversiones financieras en forma secreta.
El presidente Milei se jactaba, mientras tanto, de liderar el mayor recorte de gastos de la historia argentina, mientras clamaba que los impuestos eran un “robo” perpetrado por el Estado cuyo único fin consiste en enriquecer a una casta política corrupta, el mensaje antisistema que lo llevó al poder en 2023.
El ciudadano que paga el impuesto a los combustibles no está haciendo una contribución abstracta al equilibrio de las cuentas públicas: está aportando al mantenimiento y la infraestructura de la red vial. Si ese dinero se destina a financiar al Tesoro mientras las rutas se deterioran, el Gobierno tiene la obligación de explicar con qué fundamento considera que está cumpliendo la ley. Lo mismo ocurre con el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, que en un año marcado por la gran incidencia del fenómeno atmosférico de El Niño aporta recursos esenciales para la mitigación de inundaciones que pueden ocurrir en los próximos meses.
El objetivo del superávit no puede convertirse en una licencia para disponer discrecionalmente de cualquier recurso público. El equilibrio fiscal es una política legítima, pero no puede alcanzarse sacrificando inversiones para infraestructuras que Argentina necesita. Una ruta que no se mantiene, se vuelve peligrosa; una obra hidráulica que se paraliza puede significar pérdidas productivas, inundaciones y daños en viviendas.
Una administración puede decidir qué obras son prioritarias y tiene derecho a revisar contratos, eliminar gastos innecesarios y exigir eficiencia. Pero el Gobierno de Milei va en contra de su propio discurso anticasta si se arroga la autoridad de transformar recursos adjudicados por ley para fines específicos en una especie de reserva financiera para disponer de ella a capricho según sus intereses políticos. Sus formas se parecen aún más a las de la vieja política si, además, condiciona la entrega de esos fondos a las provincias a que sus legisladores aprueben las leyes que impulsa.
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