TUXTLA GUTIÉRREZ.— Como resultado de las investigaciones para combatir la corrupción en Chiapas, el fiscal estatal, Jorge Luis Llaven Abarca, informó sobre la detención de seis exservidores públicos presuntamente implicados en delitos de abuso de autoridad, ejercicio ilegal del servicio público y desvío de recursos.
Cuatro de las personas detenidas pertenecían a la Secretaría de Salud de Chiapas, mientras que dos más laboraban en el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja). Los operativos derivaron de denuncias presentadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como por la Auditoría Superior del Estado, como parte de las revisiones a la gestión financiera de 2025.
Anomalías en el sector Salud
Respecto al caso de la Secretaría de Salud, las indagatorias iniciaron tras la detección de irregularidades en contrataciones y adjudicaciones, entre ellas la falta de cuadros comparativos, la ausencia de dictámenes económicos y la carencia de evidencia documental que compruebe la ejecución física de diversos servicios.
Por estas presuntas anomalías fueron aprehendidos Rosario Esmeralda “N”, exdirectora de Infraestructura; Sinar Rodrigo “N”, exsubdirector de Recursos Materiales y Servicios Federales; Cleofas “N”, exjefe del Departamento de Servicios Generales; y Sonely “N”, exjefa del Departamento de Recursos Materiales.
Desvío de apoyos e irregularidades en el Icheja
En un expediente separado, las autoridades detuvieron a Luis Manuel “N”, exjefe del Departamento de Planeación, y a Lidia “N”, servidora pública activa del Icheja, a raíz de una denuncia interpuesta en mayo de 2026 sobre el manejo del programa estatal de alfabetización “Chiapas Puede”.
Durante la ejecución de cateos en inmuebles relacionados con las investigaciones, los agentes de procuración de justicia aseguraron más de 2,500 tarjetas bancarias destinadas a beneficiarios del programa social, las cuales permanecían retenidas en la propiedad de uno de los imputados sin haber sido entregadas.
El fiscal confirmó que las seis personas aprehendidas quedaron a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente para determinar su situación jurídica. Asimismo, precisó que las investigaciones y auditorías continúan abiertas para deslindar responsabilidades e identificar si existen más funcionarios públicos involucrados en ambos casos.
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AM.MX/dsc
