MATARILI

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Alejandra Munguía Cambrán

  • Mientras un exgobernador panista enfrenta prisión preventiva, uno con licencia de Morena se pasea muy quitado de la pena.

 

  • La justicia parece correr a distinta velocidad dependiendo de quién ocupe hoy el poder.

 

  • SER MIEMBRO DE MORENA GARANTIZA IMPUNIDAD. Los dejo tan solo unos días y no dan tregua, hay tantos temas de los cuales hablar que no sé ni por dónde empezar. El tintero, como diría don Mata, está repleto de temas y seguro muchos se van a quedar ahí. Pero vayamos por uno muy elemental, la detención y procedimientos bastantes dudosos de un icono del panismo y como nunca he metido las manos al fuego (por eso las tengo ilesas) por nadie, en esta ocasión, también, así lo haré. Supongamos que efectivamente Ernesto Ruffo Appel (hombre que rompió la hegemonía del PRI y en 1989 demostró que el partido oficial podía perder una gubernatura, abriendo la puerta a la alternancia democrática en México), acusado de formar parte de una red de huachicol fiscal, es culpable de lo que se le señala, pero curiosamente a él la “oficinita” que para Sheinbaum es la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), no lo tiene en la mira ¡cómo a otros mmmmmm! Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo porque mientras un exgobernador panista enfrenta prisión preventiva en México, un gobernador con licencia morenista y varios otros se pasean tranquilos, es más hasta al bailongo van y lo suben a redes. Personajes como Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Adán Augusto López, Andy Candy López Beltrán y tantos más siguen tan frescos como la mañana, eso de ser miembros de Morena garantiza impunidad. Veamos el ejemplo más claro de esa protección morenista. Rubén Rocha Moya fue acusado formalmente por fiscales de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, junto con otros funcionarios de Sinaloa y en reiteradas ocasiones, el gobierno federal, se ha negado a detenerlo porque, no existen elementos suficientes a decir de la FGR que informó abrió una investigación, pero sostuvo que la solicitud inicial de Estados Unidos no venía acompañada de las pruebas necesarias para ejecutar una detención provisional o una extradición. Sheinbaum ha reiterado públicamente que su gobierno no protegerá a nadie, pero tampoco actuará sin pruebas y ha insistido en que Estados Unidos no ha entregado la evidencia que, asegún permitiría proceder penalmente.
  • VEAMOS EL OTRO LADO DE LA MONEDA. Para detener a Ernesto Ruffo bastó una investigación que derivó en una orden judicial y una prisión preventiva, cuando para el caso de Rubén Rocha Moya, Estados Unidos presentó una acusación formal en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado. Y ya que les encantan referirse a la percepción esta diminuta diferencia se convierte en algo enorme, ya que para millones de mexicanos, la justicia parece correr a distinta velocidad dependiendo de quién ocupe hoy el poder. Así como Sheinbaum exige pruebas, bien valdría la pena que en el caso del ex gobernador Ruffo, existan investigaciones exhaustivas, transparencia y que nadie pueda esconderse detrás del cargo, del partido o de la cercanía con el poder. Si la Fiscalía tiene razón, ni hablar que pague pero haciendo las cosas bien, porque hasta ahora hay muchísimos cuestionamientos y dudas sobre la justicia selectiva que existe, pues hay una extraordinaria facilidad para actuar contra quienes no representan un riesgo para el poder. Mientras Ruffo enfrenta un proceso penal, Rocha Moya continúa tan fresco como una lechuga, después de meses de cuestionamientos públicos derivados de la violencia en su estado y de diversas controversias políticas. Y ¿qué me dicen de Enrique Inzunza, Adán Augusto López Hernández y de Andy “Candy” López Beltrán? ¿Hay o no una justicia selectiva?

 

  • Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la plataforma informativa”. Derechos reservados©.

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