WASHINGTON, D.C.- El gobierno de Donald Trump ha endurecido su estrategia migratoria en 2026. Ahora, el objetivo no son solo las personas indocumentadas, sino también los residentes permanentes legales. Según datos internos obtenidos por The New York Times, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) creó una unidad especial para reevaluar a miles de migrantes con tarjeta verde.
De acuerdo con información proveniente del New York Times, esta oficina busca activamente antecedentes penales o irregularidades en las solicitudes originales para despojar a las personas de su estatus y expulsarlas del país.El funcionamiento de la “División de Operaciones Tácticas”
A diferencia de administraciones pasadas, que solo revisaban los antecedentes durante renovaciones o trámites de ciudadanía, esta nueva unidad actúa de forma proactiva. La división incluye unidades específicas para la desnaturalización, la revisión de refugiados y las operaciones de residentes permanentes (LPR).
Hasta mayo de 2026, las autoridades ya evaluaron a cerca de 2,890 personas. De ese grupo, el gobierno ha iniciado procesos de deportación formal contra al menos 50 titulares de la green card.Los funcionarios justifican estas medidas como una forma de proteger a los ciudadanos estadounidenses. Zach Kahler, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), afirmó que la misión es realizar una investigación rigurosa de los extranjeros.
Por lo tanto, los agentes revisan minuciosamente expedientes antiguos en busca de:Fraude migratorio: Mentiras o información falsa en la solicitud inicial de residencia.Condenas penales: Delitos como agresión sexual, violencia doméstica o conducir bajo los efectos del alcohol (DUI).Seguridad nacional: Vínculos sospechosos con organizaciones extranjeras o espionaje.
Críticas por el uso de recursos y baja eficienciaLa creación de este “aparato de expulsión” enfrenta fuertes cuestionamientos. Diversos analistas señalan que el USCIS tiene más de 11 millones de solicitudes pendientes de otros trámites. En consecuencia, destinar personal a investigar a residentes de larga data agrava los retrasos del sistema. Además, las cifras muestran que solo el 2% de los residentes revisados resultaron ser potencialmente deportables. Esto sugiere que el gobierno está invirtiendo grandes recursos en investigar a personas que, en su gran mayoría, cumplen con la ley.
En conclusión, la campaña de deportación residentes green card 2026 marca un precedente de inseguridad jurídica para millones de migrantes. Aunque la expulsión no es inmediata y los afectados tienen derecho a un juicio ante un juez de inmigración, el temor se ha extendido entre la comunidad. Por consiguiente, muchos residentes ahora sienten que su estatus “permanente” ya no está garantizado frente a la agresividad de las nuevas políticas de control.
AM.MX/fm
