Alista Senado de la República debate para topar las ‘pensiones doradas’

Fecha:

CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de la República iniciará formalmente la próxima semana el análisis de una reforma estructural al sistema de jubilaciones de la alta burocracia. El dictamen, impulsado por el Poder Ejecutivo, tiene como objetivo establecer un límite máximo a las llamadas pensiones doradas en México, beneficios que actualmente permiten a ciertos exfuncionarios de empresas paraestatales percibir hasta un millón de pesos mensuales. La propuesta plantea que ninguna pensión de trabajadores de confianza en la Administración Pública Federal exceda el 50 por ciento del salario de la presidenta, situando el tope estimado en aproximadamente 70 mil pesos.

En primer lugar, la reforma se enfoca en los regímenes especiales de entidades como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la extinta Luz y Fuerza del Centro. Según el senador Pável Jarero Velázquez, el dictamen llegará a la Cámara Alta el lunes 23 de febrero para su discusión inmediata. Un aspecto técnico fundamental de la iniciativa es que no afectará a trabajadores sindicalizados ni vulnerará contratos colectivos de trabajo; la restricción se aplicará exclusivamente a los puestos de confianza que históricamente han gozado de privilegios desproporcionados respecto al trabajador promedio.

Asimismo, la medida busca corregir la brecha de desigualdad interna en el servicio público. Al limitar estas percepciones extraordinarias, el Estado pretende recuperar recursos que actualmente representan una presión significativa para el presupuesto federal. La proyección oficial estima que esta “limpieza” administrativa generará una recaudación cercana a los 5 mil millones de pesos anuales.

Destino de los recursos recuperados
Posteriormente, la administración federal ha detallado que el ahorro derivado de eliminar las pensiones doradas en México será transferido directamente a programas de apoyo social. Entre los principales beneficiarios de este flujo de capital se encuentran:
Pensión del Bienestar: Reforzamiento de los pagos a adultos mayores y personas con discapacidad.
Beca Rita Cetina: Ampliación de la cobertura para estudiantes de nivel básico y medio superior.
Gasto en infraestructura: Mejora de servicios públicos básicos en comunidades de alta marginación.

Por otro lado, el bloque oficialista en el Senado confía en que la propuesta reciba el aval de las bancadas de oposición (PAN, PRI y MC). El argumento legislativo sostiene que mantener pensiones millonarias resulta éticamente insostenible frente a la realidad económica del país, lo que facilitaría un consenso político para modificar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Implicaciones para la justicia social
Finalmente, la reforma representa un paso decisivo hacia la consolidación de la “austeridad republicana” en el cierre del primer trimestre de 2026. Los analistas consideran que este movimiento no solo tiene un impacto fiscal positivo, sino que envía un mensaje de ordenamiento administrativo en un sector que por décadas operó con esquemas de jubilación opacos. De aprobarse el dictamen, el nuevo tope entraría en vigor de forma gradual, asegurando que el proceso de ajuste se realice bajo estrictos criterios de legalidad y respeto a los derechos adquiridos no abusivos.
AM.MX/fm

Compartir

Popular

Artículos relacionados
Related

Fortalecen la red de vacunación contra el sarampión en Quintana Roo

Mara Lezama anunció la incorporación de tres unidades refrigeradas para fortalecer la vacunación contra el sarampión en Quintana Roo.

¡Es oficial, Shakira estará en el zócalo el 1 de marzo!

La cantante colombiana Shakira ha confirmado su presencia en...

Invierten más de 7 mdp en rehabilitación de vialidades en Santo Domingo Tehuantepec

También se rehabilitó 40 mil 553.52 metros cuadrados de vialidades y accesos en Ciudad Ixtepec, en la región del Istmo.

¡No más rentas impagables en CDMX! SCJN pone límite a las rentas de inmuebles

De acuerdo con Cadena Política, al resolver el amparo en revisión 546/2025, las ministras y ministros concluyeron que la medida no vulnera derechos de propiedad. Por el contrario, consideraron que la regulación contribuye a garantizar el derecho a la vivienda digna, reconocido en la Constitución.