Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ
Los líderes sindicales no quieren soltar la presa, y por supuesto que el gobierno mexicano está fortaleciendo a los trabajadores en las asambleas para reelegir a sus nuevos dirigentes, nombrados por la mayoría. Sin embargo, muchos son reacios a entregar las jugosas cuotas sindicales a quien elija la mayoría de loa trabajadores. Por ejemplo, Alejandro Martínez Araiza, dirigente del SNAC, no pierde oportunidad para presentarse como la nueva democracia sindical.
Pero, en la reciente consulta sindical que se hizo en Estados Unidos, los representantes de la AFL-CIO, la United Steelworkers (USW), la United Auto Workers (UAW) y el SEIU (Service Employees Internacioal Union) entre otros, plantearon que el gobierno de Claudia Sheinbaum que “la democracia sindical en México está trunca: muchos líderes sindicales son poco representativos de los trabajadores, existen prácticas como intimidación de trabajadores, obstáculos para que se sindicatos independientes, compitan en igualdad de condiciones en las elecciones y no sean manipuladas”.
Los sindicatos de Estados Unidos piden que se exija al gobierno de México, sobre todo, elecciones sindicales, totalmente libres, secretas y verificables (supervisadas internacionalmente cuando sea necesario); eliminación total de sindicatos de protección; transparencia total en votaciones y legitimaciones, rendición de cuentas en aportación de cuotas, manejo de recursos de los trabajadores y estructura interna sindical.
En el mundo sindical mexicano y entre las empresas de alimentos, todos saben quién es Alejandro Martínez Araiza y cuál es su origen. Se cuelga del debate del aguinaldo sin ISR para posar como defensor del salario, pero su “bandera social” es puro maquillaje; detrás está uno de los expedientes más turbios del sindicalismo: un SNAC heredado, manejado como negocio familiar y hundido en opacidad porque no rinde cuentas a agremiados y gobierno de la 4T.
No ha explicado 500 millones desaparecidos durante su gestión, así como la venta del patrimonio de la sede por 10 millones, ni el destino de 353 millones al año en cuotas que descuenta sin auditoría. A la orden del Centro de Conciliación laboral que encabeza Alfredo Domínguez Marrufo para aclarar el desfalco simplemente no respondió. Medio año de silencio.
Y mientras presume justicia, opera una “plataforma sindical” registrada a su nombre, que funciona como tienda de raya digital: cada trabajador paga por usarla, con descuentos obligatorios, créditos abusivos y servicios que casi nadie recibe.
En esa audiencia pública del USTR, el mundo sindicalista norteamericano es muy claro: la democracia sindical en México debe medirse a partir de resultados, no del marco jurídico. La forma en que operan los sindicatos en nuestro país también tiene efectos directos en las condiciones de competencia para los trabajadores de Estados Unidos, lo que convierte este tema en un asunto de integración económica y no únicamente laboral.
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