Ciudad de México.- El Congreso de la Ciudad de México realizó un exhorto formal dirigido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como a la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, en coordinación con la alcaldía Xochimilco, con el objetivo de llevar a cabo operativos de verificación y clausura contra establecimientos irregulares dedicados a vender y permitir el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública dentro del pueblo de San Gregorio Atlapulco.
La petición surge como respuesta a una problemática comunitaria que ha generado preocupación entre habitantes debido a su impacto social y de seguridad.
Protección de la vida comunitaria en un pueblo con profunda identidad cultural
La legisladora Erika Lizeth Rosales Medina, integrante de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, subrayó que el llamado institucional no busca provocaciones ni enfrentamientos, sino garantizar el derecho a la tranquilidad y el respeto hacia una comunidad emblemática.
En su intervención destacó que San Gregorio Atlapulco es uno de los 14 pueblos originarios de Xochimilco, reconocido por su identidad chinampera, tradiciones agrícolas, festividades religiosas y valor histórico, además de formar parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO junto con la zona lacustre de Xochimilco.
Impacto negativo de establecimientos irregulares y riesgo para la seguridad ciudadana
La diputada lamentó que esta riqueza cultural se vea amenazada “por un fenómeno que se ha desbordado: la proliferación de ‘chelerías’ clandestinas”, mismas que, de acuerdo con denuncias vecinales, han alterado la convivencia comunitaria, degradado el entorno urbano y generado escenarios de riesgo, principalmente durante fines de semana o eventos sociales. La legisladora expresó que la presencia de estos puntos irregulares ha traído consigo comportamientos violentos asociados al consumo de alcohol en espacios públicos, afectando el orden y la integridad social.
Hechos recientes de violencia impulsan el llamado a una intervención inmediata
Rosales Medina denunció que, durante la última semana de octubre, en la zona se registraron riñas y detonaciones con arma de fuego, derivadas del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, lo que ocasionó la muerte de una persona. Enfatizó que estos sucesos no deben minimizarse ni tratarse como casos aislados, pues obedecen a una problemática reiterada y documentada por la comunidad.
Finalmente, recordó la responsabilidad del poder legislativo al afirmar que “nuestra obligación como representantes populares es escuchar a nuestros vecinos para hacer un llamado a las autoridades correspondientes, para garantizar que la ley se cumpla y que la vida de las personas esté siempre por encima de cualquier interés económico o tolerancia indebida”.
AM.MX/CV
