Federico Berrueto
El descontento es el signo de nuestros tiempos. Los políticos que pueden darle cauce se vuelven imbatibles más allá de sus prendas individuales, su congruencia e historia personal. No tiene que ver con la calidad de una democracia, más bien con la capacidad de la sociedad para resolver en los mejores términos las causas del enojo. La misma Inglaterra, una de las democracias más consolidadas fue rehén del populismo nacionalista que la llevó a salir de la Unión Europea. Afortunadamente, uno de sus artífices, el ex primer ministro Boris Johnson, cayó en desgracia, pero el daño allí quedó. Trump en EU y López Obrador son dos casos de políticos disruptivos que concitan respaldo popular a partir de la insatisfacción con el estado de cosas.
El peligro que representan estos movimientos políticos es que llegan al poder no para gobernar, sino para destruir lo existente. En el caso norteamericano, el sistema democrático resiste y como anticipan las elecciones del pasado martes, los cuatro años de presidencia imperial podrían reducirse a dos por el previsible revés que sufriría en la elección intermedia. Además, es probable que la Corte revierta la imposición de aranceles por su inconstitucionalidad; son impuestos que deben ser aprobados por el Congreso. Trump perdería uno de sus recursos para imponerse en el plano internacional y ser condenado a regresar lo recaudado, que no es poca cosa.
En México la situación se ha complicado considerablemente. La oportunidad de la reconciliación se dejó pasar y el nuevo gobierno no sólo optó por dar continuidad a la polarización, sino proseguir con la destrucción de las instituciones de la democracia, como fue la defenestración de los integrantes del Poder Judicial Federal, su autonomía e independencia, además de la desnaturalización del juicio de amparo, derecho fundamental del sistema constitucional desde el siglo XIX. La encomiable corrección en la lucha contra el crimen se cuestiona por la persistencia de la impunidad y la recurrencia de ejecuciones emblemáticas. Los efectos del homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ha despertado un sentimiento generalizado de condena por la incapacidad de las autoridades para reducir a los criminales, que se muestran impunes y desafiantes de las autoridades.
El descontento normalmente se dirige a quien gobierna. López Obrador así ganó el poder y gobernó invocando las gestiones pasadas como la causa de todos los males. En el imaginario social, a través de la propaganda y la manipulación grosera de la realidad, a lo largo del gobierno persistió la disyuntiva: la corrupción de los gobiernos del PRI y el PAN o el gobierno honesto y al servicio de los pobres. La mañanera, el desprestigio de los opositores, la merma del escrutinio social con la agresión a los medios de comunicación independientes, y el sometimiento de las élites permitió que el régimen se plantara como una opción frente a la venalidad de los gobiernos anteriores. El descontento con el gobierno pasado se construyó desde el propio gobierno.
El ciclo del descontento persiste y ahora se dirige al gobierno en funciones. Es un proceso que muda del descontento por la corrupción, que prevalece, sobre el de la impunidad, particularmente por la violencia y el crecimiento exponencial de la extorsión que afecta a tantos negocios en el país. La pasividad o connivencia gubernamental permitió que en muchas partes el crimen organizado disputara al Estado el monopolio de la violencia y ahora la recaudación por la vía de la extorsión. El huachicol fiscal sucede a partir del gobierno y con la participación de las fuerzas armadas. Es revelador que los dos años de mayor contrabando sean 2021 y 2024, cuando hubo elecciones.
El descontento seguirá siendo el sentimiento colectivo más relevante en la conducta política. La capacidad del régimen para remitirlo al pasado resulta ya ineficaz y causa indignación, como el lunes 3 de noviembre en la respuesta presidencial sobre la inseguridad en Uruapan, en Michoacán. El enojo social cada vez con mayor claridad se dirige al régimen no por lo que hace la oposición -anulada por su desprestigio-, ni por la labor de los medios de comunicación -donde persiste la autocensura en los más relevantes e influyentes-, sino resultado de la propia realidad.
Los gobiernos del PRI y del PAN como percepción o realidad se volvieron portadores de la corrupción. Ahora Morena y sus gobiernos se perfilan a ser sinónimo de impunidad. La ilegalidad y la ausencia de justicia lo recrean y confirman.
