CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) ha puesto en marcha un procedimiento para revisar y, en su caso, cancelar las pensiones que excedan el límite máximo establecido en la ley. Esta medida busca garantizar que no se otorguen beneficios por encima de lo permitido y corregir posibles irregularidades que se hayan generado en el pasado.
De acuerdo con la información oficial, el monto máximo permitido para las pensiones bajo el régimen décimo transitorio de la Ley del Issste es de 32 mil 571 pesos mensuales, cifra que equivale a 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Las personas jubiladas que reciban un pago mayor a este tope serán sujetas a revisión y, en caso de confirmarse, podrían ver modificada o cancelada su pensión.
El Issste ha precisado que cuenta con la facultad de revisar la autenticidad de los documentos que sirvieron de base para otorgar una pensión. En este proceso participa la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, que se encargará de verificar si los cálculos y expedientes cumplen con lo establecido en la normativa vigente.
El procedimiento de revisión fue formalizado mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con el fin de tener un marco legal claro para actuar en los casos donde se detecten excesos. En este proceso, las implicaciones para los jubilados son diversas:
Modificación o cancelación de pensiones: si una pensión excede los 32,571 pesos, podrá ser ajustada a la baja o revocada.
Verificación documental: el Issste puede solicitar en cualquier momento la validación de los documentos presentados al momento del trámite.
Posibles sanciones legales: si se detectan documentos falsos o irregularidades atribuibles a servidores públicos, los hechos serán denunciados ante el Órgano Interno de Control y el Ministerio Público Federal.
Esta medida representa un cambio importante para los jubilados que perciben montos superiores al límite legal. El objetivo, según el Issste, es erradicar prácticas indebidas y asegurar que las pensiones se ajusten a lo previsto en la ley. Sin embargo, también implica un impacto directo para quienes verán reducidos o eliminados sus ingresos si rebasan los 32,571 pesos mensuales establecidos como tope.
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