CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) anunció un cambio significativo en su estrategia de vivienda. Edna Elena Vega Rangel, titular de la dependencia, informó que la nueva meta contempla la construcción de un millón 100 mil viviendas nuevas, dentro del programa de vivienda para el bienestar.
Este ajuste en la meta responde a una ampliación de la cobertura del Sistema Nacional de Vivienda, al que recientemente se incorporó la Sociedad Hipotecaria Federal. Gracias a esta integración, se han iniciado obras en las 30 entidades del país. Además, se entregarán un millón 550 mil apoyos y créditos para el mejoramiento o ampliación de viviendas, así como un millón de escrituras para regularizar propiedades.
Como parte del proceso, la población con menores recursos recibirá “Cartas Invitación”, una iniciativa instruida por la presidenta de México. Estas cartas facilitarán el acceso a las viviendas disponibles, que tendrán una superficie de 60 metros cuadrados. Se prevé que el proceso de asignación sea constante y transparente, mediante el cual se informará sobre los desarrollos habitacionales activos.
Vega Rangel también hizo un llamado a la ciudadanía para que no se deje engañar por intermediarios o “coyotes”. La funcionaria reiteró que el acceso a los programas es gratuito y no requiere gestores externos.
Durante la misma conferencia, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) compartió que actualmente se cuenta con 254 predios destinados al desarrollo habitacional, los cuales permitirán la edificación de más de 100 mil viviendas. De estas, 17 mil están pensadas especialmente para jóvenes trabajadores. Según CONAVI, el avance general del proyecto se encuentra en 62%.
Por su parte, Octavio Romero Oropeza, titular del INFONAVIT, respaldó el objetivo de construir un millón 100 mil viviendas durante el sexenio. Además, mencionó que se evalúa la posibilidad de ampliar aún más esta meta, dependiendo de la evolución del programa y la demanda social.
Este esfuerzo conjunto entre instituciones tiene como finalidad garantizar el derecho a la vivienda digna, con un enfoque de inclusión social y cobertura nacional.
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