Por José Cruz Delgado
*Gorilesco el gobierno de Alfredo Ramírez
*Adrián López Solís, presuntos cómplice de la represión a policías
Mientras los presuntos terroristas de la normal de Tiripetío gozan de la impunidad que les otorga el gobierno de Michoacán y la Fiscalía General del Estado a cargo del inepto Adrián López Solís, la luchadora social Ma. De Jesús Segura Mora, popularmente conocida como la “Comandante Chuy”, quien encabezó junto con otros compañeros suyos una manifestación en un cuartel de la Guardia civil en Morelia para exigir salarios más dignos
Mire usted, a los manifestantes que, cómo servidores públicos estaban en todo su derecho de manifestarse, fueron reprimidos por órdenes del gobernador gorila Alfredo Ramírez Bedolla y su lacayo secretario de seguridad pública.
Pero cuando los normalistas o integrantes del concejo indígena toman bloquean carreteras y hacen su desmadre se quedan quietos y, si de chingadera detienen a alguien y es remitido a la fiscalía al día siguiente es puesto en libertad, lo que no ocurrió con la “comandante Chuy” que por exigir mejores prestaciones para sus compañeros se le aplica todo el “peso de la ley”, o sea, la ley del garrote.
La fiscalía, como le dije, que mal dirige Adrián López Solís informó que se imputó a Ma. De Jesús por su posible participación en los delitos de sabotaje y coalición de servidores públicos. ¿Sabotaje? ¿Y como se la llama a quienes bloquean carreteras, saquean y queman vehículos? ¿por qué a ellos no se les aplica “todo el rigor de la ley como dice el otro inútil que se dice secretario de gobierno de nombre Carlos Torres Piña?
Vergüenza les habría de dar pronunciar la palabra ley.
Y es que según los datos de prueba que se citan en la carpeta de Investigación y que fueron expuestos por el Ministerio Público, el día de los hechos, la imputada realizó la toma del Cuartel Valladolid junto con al menos otros 30 compañeros, además de que usó vehículos oficiales de la Guardia Civil, provocando que se suspendieran algunos servicios públicos y se afectara la seguridad de la ciudadanía.
Pregunta: ¿y cuando otras personas realizan bloqueos no se afecta a la ciudadanía? ¿por qué la ley no se aplica por igual?
Es muy clara la complicidad que existe entre el fiscal Adrián López Solís y el gorila del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Quien ha salido en su defensa es la ex diputada y madre buscadora Margarita López quien acudió al lugar de los hechos quien catalogó como arbitraria e ilegal su detención y denunció refirió que a la integrante del Agrupamiento de Violencia de Género se le mantuvo incomunicada sin posibilidad de comunicarse y tampoco se le leyó su cartilla de derechos.
A través de sus redes sociales, López Pérez exigió la liberación inmediata de Segura Mora y de los otros dos elementos. Además de que denunció que durante su detención hubo agresiones físicas que continuaron una vez que fueron recluidos en Barandillas.
Cómo era de esperarse, la imputada fue presentada ante el órgano jurisdiccional en una audiencia, donde se indicó que la detención fue legal, pero se les olvida que estaban en su legítimo derecho a manifestarse, así que digan lo que digan se les coartó la libertad de manifestación y de expresión.
La mujer policía, con una trayectoria de más de 20 años, fue sometida por dos supuestos Guardias Civiles quienes sin identificarse, armados, vestidos de civil y encapuchados, la subieron a una camioneta de color blanco, sin placas de circulación, ni logotipos.
Está eroína, al parecer, fue despojada de su teléfono celular y presuntamente golpeada.
La mujer policía, con una trayectoria de más de 20 años, fue sometida por dos supuestos Guardias Civiles quienes sin identificarse, armados, vestidos de civil y encapuchados, la subieron a una camioneta de color blanco, sin placas de circulación, ni logotipos.
Un vil secuestro ordenado por Ramírez Bedolla
“La Jefa Chuy” fue trasladada a la Cárcel Preventiva (Barandilla), donde fue despojada de su teléfono celular y presuntamente fue golpeada, según denunció el equipo legal que la defiende.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), abrió una queja en contra de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por los conceptos de probable violación al derecho a la libertad personal, consistente en detención ilegal y abuso de autoridad.
