Federico Berrueto
Está equivocado quien haya creído que en las primeras semanas habría un cambio en las condiciones de inseguridad del país. Sea dicho de paso, es un exceso hacer un juicio concluyente de la estrategia de seguridad del régimen y de sus responsables con los resultados a la vista. La violencia en el país se desenvuelve en muchos planos y no está por demás considerar las consecuencias del secuestro y detención de El Mayo Zambada, así como su entrega a autoridades norteamericanas de Joaquín Guzmán López, responsable de la operación.
En Querétaro la ejecución de 10 personas en un bar en el centro de la capital, una de las ciudades con mayor seguridad es una señal muy preocupante porque sería indicativo que el crimen amplía su radio de influencia. Fue un operativo del cártel Santa Rosa de Lima relevante en el estado vecino de Guanajuato para aniquilar a uno de los jefes del cártel Jalisco Nueva Generación que opera en muchas partes del país. El asesinato en fechas diferentes de los tres funcionarios más importantes de Chilpancingo y la persistente guerra en Culiacán, además de otros hechos criminales de alto impacto como el asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas o los recientes de 5 personas en Cuautitlán Izcalli, conforman una secuencia que muestra que la violencia persiste y que llevará tiempo y un esfuerzo coordinado para obtener buenos resultados. En este entorno son muy importante las detenciones que informa el secretario García Harfuch a lo largo de estos 40 días porque muestra una respuesta institucional contra la impunidad.
La estadística criminal es engañosa. Los reportes debieran incluir en una cifra agregada los homicidios y desapariciones. Por ejemplo, en Culiacán se habla de más de un centenar de personas que no se encuentra. Si se continúa con esta práctica de ignorar a los desaparecidos, criminales y autoridades concurrirán en la conveniencia de ocultar asesinados y con ello presentar una realidad engañosa.
Los expertos aluden a muchas causas que llevan a la criminalidad violenta. El problema para el diagnóstico y la respuesta es que los homicidios en su mayoría y los más preocupantes son del crimen organizado, el que desde hace mucho tiempo ha ido integrando varias “líneas de negocio”, además del trasiego y venta de estupefacientes, el huachicol, derecho de piso y otros casos generalizados de extorsión, el tráfico de migrantes, acceso a los ingresos municipales, etc. Los indicadores son inequívocos, la impunidad es la causa genérica de violencia criminal, esto es, la incapacidad de las autoridades para llevar a la justicia a los criminales. Asimismo, debe haber una embestida en contra de los negocios y finanzas asociados al crimen, así como su presencia en instancias de autoridad municipal, local y federal.
La necesidad de privilegiar la inteligencia y fortalecer la capacidad del Estado para investigar hechos delictivos son fundamentales para abatir la impunidad y esto es un acierto la reforma constitucional en curso. Dos instancias son críticas para la colaboración con las autoridades del gobierno federal: las fiscalías y el Poder Judicial Federal y los locales. El mensaje debe ser inequívoco y enérgico en términos de detenciones, procesos judiciales y sentencias. Luchar con la ley en la mano nada tiene que ver con la descalificada e ineficaz estrategia de “guerra contra el narco”; en su lugar debe existir guerra contra la impunidad, con muchas implicaciones en el orden económico, político y social, no solamente el legal.
Seguramente que la evaluación de la cadena institucional para la seguridad habrá de revelar la insuficiencia en probidad, capacitación y capacidades en muchas de las instancias locales y municipales relacionadas con la seguridad pública. No es casual; el abandono acumulado lleva demasiado tiempo, los programas de seguridad han considerado siempre fortalecer a las instancias locales y municipales, pocos estados lo han hecho. Casos singulares son el de mismo Querétaro, Coahuila, Yucatán y para destacar el de Zacatecas, mérito de la FGR en el recuento que hace Eduardo Guerrero, en El Financiero del 11 de noviembre.
Los responsables de la estrategia de seguridad deben recibir un respaldo total institucional y social. En bien del país es preciso sustraerlos de la dinámica política que mucho desgasta y nada aporta. La presidenta Sheinbaum lo tiene claro y a eso se encamina la reforma aprobada por unanimidad. Ganar terreno al crimen llevará tiempo, persistencia y claridad de objetivos. La lucha contra la impunidad no será fácil y son previsibles poderosas resistencias. La estrategia plantea acciones convincentes y el responsable de ejecutarla, Omar García Harfuch, quien ha probado eficacia y profesionalismo. Por lo que está de por medio es de sentido común hacer de lado la impaciencia.
