La reinserción social es uno de los grandes retos en la agenda de los Derechos Humanos, aseguró el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marco Antonio Tinoco Álvarez en el marco del simposio “Reinserción social con perspectiva de Derechos Humanos: Enfoques y prospectiva funcionalista” que se llevó a cabo en la capital michoacana.
Fue interesante este simposio porque especialistas tocaron el tema de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad a quienes se les da un tratamiento burocrático, en el que no se toma en cuenta que la persona privada de la libertad tiene una condición específica que amerita que el tratamiento de sus derechos humanos sea bajo una perspectiva criminológica.
Se dijo que la reinserción social es un principio de política criminal fundamentada en la Constitución y que sirve para establecer una visión de integración social y la desistencia de delito y que la persona privada de su libertad sigue siendo un ciudadano y que por lo tanto tiene derecho a que se le dé una oportunidad de pro socializar su comportamiento.o
La doctora Laura Elena Alanís García, magistrada de la octava sala penal del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, habló de “El Fundamento Preventivo Especial del Plan de Actividades”, y dijo que este se basa en los ejes de trabajo, capacitación laboral, salud, educación y deporte, pero que es muy cuestionable, por lo que tendría que diseñarse una política pública que tendiera a realizar un plan individualizado que permitiera que las personas realmente fueran preparadas para su reinserción a la sociedad.
Y cuestionó ¿qué se requiere para preparar a las personas privadas de la libertad para su reinserción a la sociedad? Se requieren, dijo, criminólogos y psicólogos que analicen los factores internos y externos que hayan incidido en la persona para cometer un delito, y así elaborar el plan de actividades individualizado, de esta forma, añadió, se lograría reducir la criminalidad.
Manuel Vidaurri Aréchiga, doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, España, quien abordó el tema “Prisión Vitalicia: Evidencia de la Erosión del Principio de Proporcionalidad”, resaltó el interés de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán por poner en la mesa este tipo de temas, pues, consideró, que son las Defensorías del Pueblo las que deben visibilizar las violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Dijo que la prisión vitalicia sólo demuestra el desgaste del principio de proporcionalidad, mismo que exige un ejercicio de ponderación del delito para determinar el nivel de la sanción.
Consideró que las consecuencias de sanciones como la prisión vitalicia no resuelven el problema de criminalidad, sino al contrario, lo oculta, por lo que evidentemente su aplicación es totalmente errónea.
Se dijo que actualmente en nuestro país los legisladores creen que la solución para erradicar la criminalidad es aumentar las penas o sanciones e incrementar el catálogo de delitos, lo cual es absolutamente falso.Consideró que es necesario democratizar el sistema de justicia, asignar presupuestos suficientes para los centros penitenciarios y que los jueces sepan de criminología, solo así, agregó, podrá lograrse la reinserción social.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en los últimos meses realizó un trabajo de campo en los 12 centros que existen en Michoacán, lo cual arrojó el documento “Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria 2014”, el cual concluye que tienen una calificación global de 7.68, que si bien significa un avance en comparación con el 2013 cuando obtuvieron 7.36, no significa que tengan calidad, y menos que esa calificación sea aprobatoria, pues el obtener el 10 significa que apenas se estaría cumpliendo con lo básico.
A ello habrá que añadir que existen penales que por tiempo en funcionamiento ya son obsoletos en la funcionalidad de su infraestructura, por lo que debería considerarse su demolición, situación que se registra en los penales de Tacámbaro y en Morelia el “Francisco J. Múgica”.
El citado diagnóstico fue dado a conocer en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, siendo los encargados José María Cázares Solórzano, consejero presidente; y Lorenzo Corro Díaz, director de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento, quienes contaron con la presencia de Cristóbal Caldiño Soto, director Técnico de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, quien en ningún momento supo dar cifras en la materia, tales como números de presos por género, presupuestos y promedios, entre otros.
José María Cázares Solórzano, ex titular de la CEDH señaló que este tipo de diagnósticos se hacen con el fin de conocer la situación y condiciones en las que se desarrollan los internos, de ahí que por ser de reciente conformación también se analizó a los centros de Integración para Adolescentes y de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto, mismos que obtuvieron calificaciones reprobatorias.
Mientras que Lorenzo Corro Díaz recomendó el cierre del Centro de Reinserción Social “Francisco J. Múgica” pues ya es infuncional”
Los 12 centros penitenciarios que existen en la entidad no brindan una estancia digna para los reclusos, de ahí que no está garantizada una reinserción exitosa en la sociedad una vez que éstos cumplan sus condenas. Situación que ubica a la entidad por debajo de la media nacional, incluso, en el lugar 18 del país.
Los cerca de 7 mil presos que hay en la entidad aunque no tienen problemas de hacinamiento, ya que la capacidad de las cárceles es enorme, reciben un trato deficiente. Incluso, la mala capacitación del personal a cargo, origina que los familiares de los reclusos sufran también las consecuencias, ya que en las visitas reciben un trato denigrante y arbitrario.
Además, hoy día siguen conviviendo internos de alta peligrosidad, que han cometido ilícitos del orden federal, con reclusos del fuero común, pues aún no se logra su reubicación. Además, de que también tienen que convivir con ellos los enfermos de SIDA, drogadictos e indígenas, cuya población significa un siete por ciento del total, es decir, 490 individuos.
