CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México tiene a más de 90 mil presos sin sentencia, de los cuales, alrededor del 50 por ciento están sujetos a detención preventiva oficiosa que es una medida cautelar decretada en automático, por disposición de la ley y sin previo debate ante el juez para justificar su imposición. Agregaron que los arrestos arbitrarios son una “práctica generalizada”, en nuestro país.
Llevado a cabo por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la ONU, el informe contabilizó los casos en México del 18 al 29 de septiembre de 2023 y se entregó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La agrupación respondió a una invitación del Gobierno Federal y sus resultados se añaden a los antecedentes penales del país.
“El Grupo de Trabajo observó que la detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México y que existen deficiencias en el sistema de justicia penal, tales como la figura del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, que violan el derecho a la libertad”.
Tal reporte se consideró como “preocupante” pues la prisión preventiva oficiosa es “excesivamente prolongada”. Se detectó que hay personas que han pasado cinco años en la cárcer sin dictiminarles una sentencia, lo que contribuye a que la población encarcelada sume cerca de 230 mil presos. El Grupo de Trabajo también alertó de la “militarización de la seguridad pública”, pues reportó 100 mil soldados ejerciendo tareas policiales y de control migratorio.
“Esto ha estado estrechamente relacionado con el aumento de la violencia contra las personas detenidas, las desapariciones y los homicidios. Las personas detenidas por personal militar con frecuencia son sometidas a graves actos de violencia y tortura”, detalló el informe.
Entre las denuncias que emitió el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la ONU está la del periodo del 2006, donde México optó por un enfoque “mucho más punitivo”, o sea que ejerció “justicia” mediante correctivos disciplinarios severos, hacia el uso personal de drogas y la venta de estupefacientes al por menor, lo que coloquialmente se conoce como “narcomenudeo”. También sostuvieron que hubo un aumento de encarcelamiento de consumidores de estos alucinógenos pero que “fuerzas de seguridad fabricaron cargos” contra dichas personas colocándoles los narcóticos en sus hogares, vehículos, bolsos o ropa.
Otro de los problemas que criticaron fue el uso excesivo de fuerza durante las detenciones, interpretaciones amplias del delito en flagrancia, la falta de acceso a la asistencia legal con abogados calificados, ataques a la independencia judicial, además de las carencias en las condiciones de detención.
Dentro del informe también celebraron la Ley de Amnistía del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cuál se promulgó en el 2020, sin embargo recalcaron que sólo alrededor de 424 personas fueron liberadas mediante.
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