Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
Lo grave no es tanto la catarata
de opiniones en contra de las reformas,
sino los oídos sordos a las advertencias.
Con todo y que el ambiente político ha sido favorable para los propósitos del gobierno de la 4T, en la recta final y a menos de cinco semanas de que concluya el mandato presidencial de Andrés Manuel López Obrador, han surgido nubarrones que enturbian el final de su gobierno. Algo parecido, aunque más delicado, a lo ocurrido en el cierre de las presidencias de Luis Echeverría, José López Portillo y Carlos Salinas de Gortari.
Con el ánimo de no dejar pendientes y menos cimientos poco sólidos que no garanticen el soporte del anhelado segundo piso de su Cuarta Transformación, el inquilino de Palacio decidió acelerar los trámites legislativos para la aprobación de sus reformas a la Constitución, aunque esto suceda al cuarto para las doce y, sin importar, las repercusiones que puedan tener en el gobierno de su sucesora.
Polémicas de por sí, la reforma judicial y las que eliminan a los organismos autónomos, han seguido el ritmo y estilo de trabajo característico del grupo parlamentario morenista, con foros de consulta simulada, porque no hay argumento que valga ante la cerrazón y falta de voluntad para revisar o modificar las iniciativas.
En estas circunstancias y, ante la muy probable aprobación de estas reformas, se han generado llamados de alerta de organizaciones civiles y gubernamentales, nacionales e internacionales, preocupadas por el impacto que, en los derechos humanos y en nuestra democracia, signifique la eliminación de contrapesos al Poder Ejecutivo, la abolición de la independencia y de la autonomía del Poder Judicial, el desmantelamiento del sistema Judicial y la demolición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La reforma al Poder Judicial fue objeto de comentarios, ciertamente poco diplomáticos, por parte del embajador de los EU, Ken Salazar. Este funcionario, otrora casi admirador de la 4T, habría declarado, entre otras cosas, que la reforma judicial constituía un riesgo para la democracia de México, en particular la elección de jueces y magistrados en forma directa, y una amenaza a la histórica relación comercial entre los dos países.
Por su parte, el embajador de Canadá, Graeme Clark, calentaría más el ambiente al afirmar que los inversionistas de su país, estaban preocupados ante la posible aprobación de la reforma al Poder Judicial. “Ellos quieren estabilidad,” señalaría.
En Palacio Nacional los comentarios de los embajadores cayeron como un balde de agua helada. El presidente López Obrador, después de calificar de imprudente y desafortunada la crítica del embajador norteamericano, señalaría que había enviado una nota diplomática a la embajada por esta “injerencia inaceptable.” Además, de declarar “pausada” la relación con las dos legaciones, hasta que expresen su respeto a la soberanía del país.
Del paquete de reformas, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó ya, el dictamen para la eliminación de siete organismos autónomos. Al argumento presidencial de que no servían para nada y resultaban muy onerosos, los legisladores morenistas agregaron, en su condena, que esos organismos se caracterizaron por desmantelar las funciones del Estado al subordinarse a intereses privados. La realidad es que su autonomía resultaba incómoda al gobierno de la 4T, en donde no se conciben instituciones fuera del control del Ejecutivo.
Tras el dictamen, quedaron en la picota para su desaparición el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Las funciones de estos organismos, se ha dicho, serán transferidas a secretarías y dependencias federales, con lo que se pierde su objetivo original que era, precisamente, sacarlos de la competencia del gobierno, para que, como órganos autónomos especializados en temas específicos, actuaran, de manera independiente e imparcial, lejos de la influencia del Ejecutivo. Ahora el gobierno vuelve a ser juez y parte, a costa de la transparencia.
En el atrabancado paso para adelantar trámites y dejar listos los dictámenes para que la próxima Legislatura apruebe al vapor las reformas constitucionales, han llovido críticas, recomendaciones, análisis y estudios en contra de estas reformas. Poco receptivo a las críticas, el inquilino de Palacio reacciona molesto y, a su vez, descalifica a quien se meta con sus reformas. Ya se tensó la relación con los gobiernos de EU y Canadá, nuestros principales socios comerciales. Otras naciones han cuestionado las reformas, la propia ONU, actores económicos y financieros internacionales, agencias calificadoras, cámaras empresariales, han expresado preocupación.
Lo grave no es tanto la catarata de opiniones en contra de las reformas, sino los oídos sordos a las advertencias. Para el nuevo gobierno, el inicio será turbulento, por el malestar local e internacional ante la imposición de unas reformas constitucionales destructivas que se pretenden aprobar contra viento y marea. Con un estado de Derecho tambaleante, que no da confianza ni certidumbre jurídica, porque el Poder Judicial, sentenciado a muerte, tendrá que plegarse a los caprichos del Ejecutivo.
