Lilia Arellano
“La muerte no es el final. Queda el litigio
sobre la propiedad”: Ambrose Bierce
Millones de dólares pagados por demandas perdidas
Vulcano: “no queremos inversión que destruya al país”: AMLO
México, 4º país más demandado del mundo por incumplimiento
Rechaza CIJ petición mexicana de dictar medidas contra Ecuador
Ciudad de México, 24 de mayo de 2024.- México forma parte de 31 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y 11 Tratados de Libre Comercio (TLC) que prevén el recurso a los tribunales arbitrales internacionales como principal mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y Estados (ISDS, en inglés). A pesar de ello, “México sigue firmando nuevos tratados de protección de inversiones que incluyen el recurso a los tribunales internacionales como principal mecanismo de resolución de conflictos entre inversionistas y Estado (también conocido como ISDS, en inglés)”. En los últimos años, México ratificó el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, en inglés): renegoció el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), manteniendo entre México y EEUU el sistema de solución de disputas inversionista-Estado; y cerró la negociación en principio del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLcuem) que incluye un nuevo capítulo de protección de inversiones. Además, en 2018 se convirtió en miembro pleno del Convenio del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
El informe revelado por Transnational Institute, organización internacional de investigación e incidencia política, señaló: “en 2003, México fue el país que más demandas de arbitraje de inversión recibió” en el marco de tratados de protección de inversiones a nivel mundial. “Con 53 casos en total, México se encuentra hoy entre los países más demandados del mundo por inversionistas extranjeros ante tribunales de arbitraje internacional, y es el tercer país más demandado de América Latina y el Caribe”, y el cuarto más demandado a nivel mundial”. El 93% de las demandas fueron interpuestas por inversionistas estadounidenses, canadienses y europeos. Subrayan: “cada vez más dinero público está en riesgo para tener que pagar a los inversionistas las cantidades multimillonarias resultantes de los arbitrajes”. El documento revelado el lunes anterior, elaborado por el Transnational Institute, indica que México ha pagado 296,6 millones de dólares en indemnizaciones a inversores extranjeros desde 2015. La posición del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es no hacer llegar inversión a cualquier precio y “mucho menos que venga a destruir nuestro territorio”. En momentos en los cuales se habla suficiente sobre el outsourcing y las ventajas vistas al contar con una kilométrica frontera con el país número uno en consumismo, lo dicho revela la intención clara de imponer un nuevo régimen opuesto a la inversión y participación privada.
MAÍZ TRANSGÉNICO, ENERGÍA Y VULCANO
AMLO dio respuesta al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, quien el martes declaró que una eventual confiscación de los terrenos de la empresa Vulcan Materials en Playa del Carmen no es una buena forma de atraer inversiones. Ese mismo día López Obrador contestó: no hay una expropiación en marcha y se mantiene la clausura impuesta en mayo del 2020, por daños al medioambiente a la mina Sac-Tun (antes Calica), ocupante de un terreno de unas 2 mil hectáreas en las costas de Quintana Roo. En agosto, continuó, se resolverá un arbitraje interpuesto por Vulcan ante el tribunal del Centro Internacional de Arreglo a Diferencias Relativas a Inversiones. La empresa reclama mil 900 millones de dólares a México por la clausura. El tabasqueño aseguró acatará el fallo emitido por el tribunal, aunque analizará si hay alguna instancia a la cual pueda recurrir en caso de tener un dictamen en contra, subrayando sería “una aberración que se permitiera seguir destruyendo el territorio”.
Antony Blinken fue cuestionado sobre el tema durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, donde respondió a un senador que la situación de los terrenos de Vulcan está sujeto a un procedimiento de arbitraje en este momento. Un grupo bipartidista de la Cámara de Representantes de Estados Unidos está proponiendo una legislación destinada a presionar al presidente mexicano, para que dé marcha atrás en sus planes de tomar el control de una cantera de piedra caliza y un puerto propiedad de Vulcan Materials, con sede en Alabama. El proyecto de ley presentado la semana pasada, está diseñado para impedir que los barcos utilicen el puerto, en caso de ser expropiados por México, descarguen o sean reparados en Estados Unidos, según la oficina del representante August Pfluger de Texas, donde Vulcan emplea a 2 mil personas. El proyecto de ley tiene el objetivo de apoyar a la empresa en su disputa con México.
El informe final del panel de solución de controversias respecto al maíz transgénico se emitirá hasta marzo de 2024, perderlo tendría un costo de entre 4 mil a 20 mil millones de dólares para México, de acuerdo con expertos. El Consejo Nacional Agropecuario (CAN) anticipó que la resolución final del panel de controversias que sostiene México con Estados Unidos en el caso del comercio de maíces transgénicos, en el marco del T-MEC, se dará a finales de año. Durante las próximas semanas se espera que el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden envié a México un ultimátum en busca de romper el estancamiento en una disputa comercial energética, mientras hay más llamados bipartidistas para que Estados Unidos endurezca su posición, según fuentes conocedoras de las discusiones.
CONTRATA AMLO DESPACHOS DE EU Y CANADÁ
Para resolver las demandas internacionales el gobierno de AMLO contrató despachos de Canadá y Estados Unidos por decenas de millones de dólares. Ante demandas de arbitraje interpuestas por inversionistas extranjeros en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, el gobierno mexicano contrató despachos de Washington, Estados Unidos, y Ottawa, Canadá, que hasta mediados del año pasado acumulaban contratos por 11 millones de dólares. De acuerdo con registros de Compranet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, entre 2019 y 2022 se contrató a los despachos Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, de Estados Unidos, y Tereposky & DeRose LLP, de Canadá, contratados por la Secretaría de Economía (SE), cuya intervención no ha logrado que el gobierno mexicano haya logrado sacudirse reclamaciones por miles de millones de dólares. Los litigios contra México que atendieron dichas firmas, de acuerdo con los juicios enlistados en los anexos de los contratos encomendados, eran 15 contra México. El balance no es positivo para nuestro país en estas dos firmas: dos casos perdidos ya costaron 63 millones de dólares a las arcas mexicanas; dos ganados, un desistimiento, 10 pendientes y en creciente complicación.
Entre los litigios actualmente se encuentran: Espíritu Santo Holding (Lusad), demandando el pagó de 2.8 millones de dólares, más intereses, pago de abogados, y compensaciones adicionales eventualmente dictadas por el tribunal, debido a que el entonces gobierno de Claudia Sheinbaum les canceló la concesión para la sustitución, instalaciones y mantenimiento de 138 mil taxímetros digitales “por abusivos”; otra querella sobresaliente es la Odyssey Marine Exploration Inc., y su filial mexicana; Exploraciones Oceánicas, reclaman al gobierno mexicano una indemnización de 3 mil 500 millones de dólares por la obstrucción presuntamente injustificada de la extracción de fosfato en aguas de Baja California Sur. Otros litigios que constituyen saldos de escándalo de corrupción implican a las empresas Oceanografía y Oro Negro con Petróleos Mexicanos (Pemex); reclamos por retiro de complicación de concesiones mineras, de telecomunicaciones y casinos. También hay notificaciones de amenazas de demanda de: CMSA B.V. y Contecon Manzanillo, al amparo de APPRI México-Países Bajos; Coeur Mining Inc (TLCAN); DJ-Tile International Inc., y Dal Tile Corporation (TLCAN), First Majestic Silver Corp. (TLCA); Gonzalo Mora Velarde (Acuerdo para la Promoción Recíproca de Inversiones México-España) y Jinlong Dongli Minera Internacional S.A de C.V. (Acuerdo México-China para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones).
Entre los juicios perdidos se encuentra el Caso No. ARB (AF)/15/2 en CIADI, es un litigio derivado de la denegación de la justicia por parte de México, en términos previstos por el arbitraje del TMEC. A Lion Consolidated L.P., una multinacional franco-canadiense-estadounidense a quien se le canceló indebidamente una hipoteca practicada a un deudor particular, que amparaban un préstamo por 33 millones de dólares a terceros para un desarrollo inmobiliario en Bahía de Banderas. México perdió y fue condenado a pagar 47 millones de dólares más costos de servicios legales de la demanda. Otro juicio perdido es el de PACC Offshore Services Holdings Ltd (Caso No. UNC/18/5 en CIADI), singapurense, en representación de sus filiales mexicanas: Servicios Marítimos GOSH Servicios Marítimos POSH, POSH Honesto, POSH Hermosa, Gosh Caballo Eclipse, y POSH Fleet Services México, presentó en 2018 controversias por la confiscación de seis buques que forman parte de sus activos, y en reclamo por una serie de actos y omisiones adoptadas por las autoridades mexicanas en relación con su inversión. Perdieron. México fue condenado al pago de 6.7 millones de dólares.
Casos pendientes: Odyssey Marine Exploration Inc., y su filial mexicana, Exploraciones Oceánicas, reclaman al gobierno mexicano una indemnización de 3 mil 500 millones de dólares por la obstrucción presuntamente injustificada de la extracción de fosfato en aguas de Baja California Sur; otro caso pendiente es el de la operadora casinos B-Mex ARB (AF)/16/3 en CIADI) es un litigio por la recuperación de un permiso de operador independiente de la empresa E-Games; uno más es el de Eutelsat (Caso No. ARB/AF/17/2 en CIADI), la empresa francesa de telecomunicaciones que retransmite alrededor de 4,500 señales de televisión, adquirió en 2014 Satmex, que poseía tres concesiones satelitales para ocupar posiciones orbitales geoestacionarias de México. También Telmex: a finales de 2017, Jorge Luis Blanco y Joshua Dean Nelson, en su nombre y en el de Tele Fácil, emprendieron un litigio reclamando a México el pago de 500 millones de dólares como compensación por la denegación de la justicia y afectaciones a sus inversiones, por el presunto incumplimiento de tarifas de interconexión (Caso No. UNCT/17/1 en CIADI). El tribunal desechó la reclamación, y ordenó pagar a México, en julio de 2020, 2 millones con 50 mil dólares por los costos del litigio.
Un litigio que ganaron los abogados estadounidenses y canadienses al gobierno mexicano fue el de Vento Motorcycles Inc. (Caso No. ARB (AF)/17/3), que el 7 de agosto de 2017 presentó por cuenta propia y en representación de Motor Bike, S.A. y Motor Asp, SA (empresas mexicanas) una solicitud para reclamación a arbitraje conforme al capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El tribunal determinó que México no incumplió sus obligaciones emanadas del TLCAN y desestimó las reclamaciones sobre el fondo. La Organización Mundial de Comercio emitió varios fallos en contra de los Estados Unidos en varios casos que impugnan los aranceles impuestos por el gobierno estadounidense bajo la Sección 232 sobre las importaciones de acero y aluminio. Además, aparentemente EEUU tampoco está satisfecho con un dictamen preliminar emitido bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC /USMCA) que concierne la interpretación de las reglas de origen de este acuerdo para los automóviles.
DE LOS PASILLOS
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya rechazó este jueves la petición de México de dictar medidas provisionales contra Ecuador en la demanda presentada por el Estado mexicano por el allanamiento de la embajada en Quito. Consideró no existe un riesgo grave e irreparable contra el Derecho Internacional en este momento, por lo que no se cumplan las condiciones para dictar las medidas. México solicitaba a la Corte que “garantice la plena protección y seguridad de la sede diplomática, de los bienes que en ella se encuentran y de los archivos, protegiéndolos de cualquier forma de intrusión”. El presidente mexicano insistió en su conferencia mañanera siga el juicio contra Ecuador: “son medidas cautelares, todavía no termina el juicio (…) es importante que quede el antecedente para que nunca más se vuelva a violar la soberanía de un país y vamos a continuar con esa postura…” …
Para la conciencia de Dante Delgado queda el derrumbe en San Pedro Garza García. Ahí se demuestra el talante de sus candidatos de lujo, señalados, además, de corruptos hasta la médula.
