Por José Cruz Delgado
*PRESUNTA CORRUPCIÓN EN EL SESESP.
*CÉSAR ERWIN SÁNCHEZ CORIA, EN EL OJO DEL HURACÁN.
El proyecto del cablebús en Uruapan, es conocido parcialmente por los transportistas locales; existen, al menos 500 amparos interpuestos, contra la Ley de Movilidad, aprobada por el Congreso del Estado y, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, miente al decir que han ganado 38 de ellos, señaló el líder de los transportistas en Michoacán, J. Trinidad Martínez Pasalagua.
Ello, durante una reunión, en las oficinas de la cooperativa Tata Lázaro, con Martínez Pasalagua, estuvieron varios representantes de los medios de comunicación, así como los dirigentes de las dos cooperativas transportistas, Colectivos y Tata Lázaro.
Piensan que lo que ellos creen, es la verdad, refiriéndose al gobernador estatal, pero es por que vive en su país de las maravillas y mintiendo a la población, no han ganado 38 amparos, están en suspensión, pero existen más de 500, agregó Pasalagua.
Habló de muchos temas, como que, el 40 por ciento de los microbuses en Uruapan, están parados, por falta de choferes; que se requiere urgente, un aumento en el pasaje, desde hace 3 años, es la misma tarifa y los insumos han aumentado entre el 35 y 40 por ciento su costo.
Anuncia, el gobernador mentiroso, que se habrá de renovar el parque vehicular de los más de 530 microbuses y que el servicio será integral, hasta las casetas del microbús, pero también es otro proyecto que los propios transportistas desconocen, por falta de mesas informativas.
De otros muchos tópicos, abordó Martínez Pasalagua, como la generación del turismo, con el cablebús, pero también, para que conozcan la inseguridad en que vive Uruapan y todo el estado de Michoacán.
De acuerdo con el líder de la Comisión Reguladora de Transporte (CRT) José Trinidad Martínez Pasalagua, no se han perdido los amparos contra la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, como argumenta el gobierno del estado.
Martínez Pasalagua comentó que el gobierno del estado informó sobre la suspensión de 38 amparos que se encontraban en el Juzgado noveno de Distrito, sin embargo, aún quedan más procedimientos jurídicos para hacerlos válidos. Expuso que son alrededor de 500 amparos los que han interpuesto los transportistas de Michoacán.
“Solicitamos la revisión de esos amparos (los 38 desestimados) por el Tribunal Colegiado y si no me parece lo que el Tribunal Colegiado defina, me voy a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tengo muchos caminos jurídicos’.
En días pasados la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán, Gladys Butanda Macías, declaró que los amparos interpuestos por los transportistas de Michoacán, contra la Ley de Movilidad y Seguridad Vial no iban a proceder legalmente y que no había ningún riesgo de que estos afectaran la aplicación de las normas de movilidad.
A esta declaración Trinidad Martínez Pasalagua, dijo que “ni los jueces lo dicen, yo creo que ella se siente juez para hacer ese tipo de señalamientos que no existen, entonces ella no tiene ninguna base ni sustento jurídico”.
PRESUNTA CORRUPCIÓN EN EL SESESP………..La Agencia de Noticias Noventa Grados, publicó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán, autorizó mediante la firma de su titular, César Erwin Sánchez Coria, la adquisición de un camión de bomberos por un precio tan alto que no existe registro de alguno tan caro en Estados Unidos o Europa.
Dicha compra se realizó como parte de la licitación pública electrónica SASESP-EM-LP-047/2023, relativa a la “adquisición de vehículos y equipo terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional”.
La licitación detallaba la necesidad de suministrar un “vehículo contra incendio motobomba marca Scania modelo 4×4 2023”, y el único participante fue la empresa “El Palacio del Rescatista S.A. de C.V.”
El costo de la unidad suministrada fue de 15 millones de pesos, que con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) resultó en 17 millones 980 mil pesos.
De acuerdo con la agencia, se buscó registros de licitaciones similares, encontrando que en México no existe una compra tan cara como la hecha con la firma de César Erwin Sánchez Coria, cuyo manejo discrecional de los millonarios recursos para la seguridad pública lo ha tenido en el ojo del huracán.
