CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que la Ley Nacional de Ejecución Penal representa un paso significativo en la búsqueda de un sistema penitenciario más justo y efectivo, aún faltan acciones que permitan una rehabilitación y reinserción social eficaz de quien ha cometido delitos, coincidieron senadores.
En la inauguración del foro “Avances de la Ley Nacional de Ejecución Penal”, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, aceptó que en estos años se ha dado poca atención a los centros penitenciarios.
Los reclusorios, dijo, deben ser unidades que permitan a los reos tener una estancia digna y con respeto a sus derechos humanos, para que puedan construir una vida feliz y productiva.
Consideró que la Ley Nacional de Ejecución Penal “nos desafía para tener una transformación, donde los derechos no se negocien, independientemente del pasado de quienes estén privados de su libertad”.
“Desde el Poder Legislativo sostenemos que los cambios van más allá de lo normativo, éstos deben significar una auténtica revolución filosófica, que sustente y dé forma a todo el sistema penitenciario mexicano, que ha sido una de nuestras grandes fallas”.
Mencionó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del INEGI, en 2021 había 220 mil personas en esta condición, 94 por ciento hombres y el seis por ciento mujeres. Mientras que en los centros penitenciarios estatales 50 por ciento de la población ha compartido su celda con más de cinco personas.
La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del PT, consideró fundamental “humanizar” las penas de quienes están privados de su libertad, para que se reconozca la dignidad inherente a toda persona.
Destacó la importancia de visibilizar las problemáticas que se viven en los reclusorios, para saber qué acciones se deben tomar para resolverlas.
“Los legisladores debemos plantearnos construir un sistema que no sólo castigue, sino que también brinde oportunidades para la reinserción social, permitiendo a los individuos rehacer sus vidas y contribuir positivamente a la sociedad”.
Márquez Alvarado recordó que una de las piedras angulares de esta Ley es la promoción de programas de reinserción social, que aborden las causas subyacentes de la delincuencia, pero aceptó que sólo a través de la colaboración entre gobierno, sociedad civil y academia se podrá cumplir con este objetivo.
“Comprendemos que muchos individuos ingresan al sistema penitenciario, debido a factores socioeconómicos, educativos o de salud, y es nuestra responsabilidad” legislar para implementar programas de educación, capacitación laboral y atención a la salud mental dentro de las cárceles, para brindar a los reclusos las herramientas necesarias para su reintegración exitosa”.
José Luis Gutiérrez, director general de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, lamentó que a siete años de la implementación de esta Ley, los estados no han adoptado acciones para transformar al sistema penitenciario.
El director general del Instituto de Justicia Procesal Penal, Javier Carrasco Solís, indicó que no hay transparencia en las prisiones, porque a las autoridades no les ha importado y a los abogados defensores se les olvidó que deben seguir defendiendo a las personas privadas de su libertad, porque ahí es donde están en su más alto nivel de vulnerabilidad.
Iztayana Borgua, coordinadora Operativa en Proyectos de Reinserción Social de Interculturalidad, Salud y Derechos, consideró que la reinserción debe tomar en cuenta a las personas después de salir de prisión, por lo que se pronunció por implementar servicios post penitenciarios.
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