CIUDAD DE MÉXICO.- Las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron, con 23 votos a favor y una abstención, un dictamen que establece un plazo de 30 días para que cualquier autoridad tenga la obligación de brindar toda la información que solicite la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), a fin de mejorar la atención de los y las trabajadoras.
Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, explicó que las reformas al artículo 535 de la Ley Federal del Trabajo tienen el objetivo de garantizar, mantener y agilizar los procesos de justicia laboral y, al mismo tiempo, proteger a los trabajadores.
Detalló que hasta junio de este año, la PROFEDET atendió a más de un millón de trabajadores, ofreció 214 mil servicios, brindó 193 mil asesorías y realizó más de 20 mil acompañamientos en audiencias ante los tribunales, lo que significó la recuperación de casi 185 millones de pesos, en favor de los y las trabajadoras.
“Si bien la Procuraduría tiene la facultad de solicitar a las diversas autoridades datos e informes, la Ley no determina un plazo para que se le brinde la información requerida, esto retrasa los procesos, permite prácticas corruptas y va en contra del espíritu de la reforma laboral del 2019, porque entorpece la impartición de justicia ágil y expedita”, explicó.
Abundó que el proyecto establece la figura de la “negativa ficta”, que es una práctica jurídica que constituye una negación de una autoridad administrativa o judicial, a través del silencio o la inacción procesal.
En la reunión de este martes, los y las legisladoras también avalaron, con 23 votos a favor y una abstención, un proyecto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley de Aviación Civil, en materia de derechos de las tripulaciones de las aeronaves civiles.
Napoleón Gómez Urrutia explicó que estas reformas tienen el propósito de incorporar en la Ley Federal del Trabajo elementos que refuercen el criterio de “trabajo decente” para el sector aeronáutico y que permitan prevenir los accidentes derivados de factores humanos, principalmente provocados por la fatiga.
Agregó que es necesario establecer las condiciones para que las aerolíneas nacionales recuperen su sana participación en los mercados aéreos, por lo que es urgente declarar a los servicios de transporte aéreo concesionado como actividad prioritaria, para brindar al Estado mexicano de las herramientas pertinentes para blindar sus concesiones.
“Estas reformas fortalecen el marco de derechos de este sector y robustecen la transformación de nuestra cultura laboral, para que todos los trabajadores gocen de los derechos que merecen”.
Mencionó que frente a la competencia para mantenerse en el mercado en este sector se han adoptado criterios de productividad inadecuados que se han convertido en condiciones desfavorables para los trabajadores.
“Entre las afectaciones a las tripulaciones encontramos el contacto con sustancias tóxicas, trabajos peligrosos por el tipo de maniobras requeridas, la acumulación de fatiga y estrés y la violencia que sufren por parte de los usuarios”, advirtió el senador.
La presidenta de la Comisión de Salud, Margarita Valdez Martínez, mencionó que uno de los objetivos de esta propuesta es proteger la salud de los trabajadores del sector y negó que los legisladores pretendan favorecer el consumo de alcohol en los trabajadores, sino al contrario, “este cambio es benéfico para que se regule este hábito social”.
El capitán Humberto Gual, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, expresó que estas reformas brindan certeza jurídica a los trabajadores del sector, por lo que agradeció a los senadores y senadoras su sensibilidad para escucharlos y atender sus demandas.
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