Mouris Salloum George
Las denuncias por fraude registran notables aumentos en el país. En la Ciudad de México, este año subieron 16.9% respecto del 2022; y en el Estado de México se incrementaron 14.8% en el mismo período. Esto conlleva mucho dolor para las víctimas, porque significa la pérdida de un bien muy preciado o de todo un patrimonio.
Las nuevas plataformas de comunicación mediante la internet, como Facebook, YouTube y X, entre otras, han potenciado este tipo de crimen en todo el mundo.
En el año 2022, el número total de delitos en México fue de 26.8 millones, de acuerdo con el INEGI, en su Encuesta Nacional de Victimización (ENVIPE, 2023, divulgada el 11 de septiembre). “Esa cifra representa una tasa de 28,701 delitos por cada 100 mil habitantes”. El delito más frecuente fue fraude, con una tasa de 5,770 por cada 100 mil habitantes.
Según INEGI, en 2022, del total de delitos ocurridos solo se denunció el 10.9%, cifra superior a la registrada en 2021.
La impunidad de los multimillonarios dueños de las plataformas electrónicas es total e inaceptable. No se responsabilizan de los contenidos que se propagan en sus redes, y dejan a su suerte a los indefensos usuarios. En las últimas semanas, con absoluta libertad, circula en YouTube un anuncio para invertir en Pemex, ofreciendo muy altos rendimientos (absurdos). Nadie salió a desmentir el promocional, de tufo totalmente fraudulento.
El tamaño de los fraudes importa. Los hay desde pequeños hasta muy grandes. El ejemplo más sonado últimamente es el caso del defraudador Sam Bankman-Fried, un veinteañero de Estados Unidos, quien mediante la empresa de criptomonedas FTX engañó a miles de “inversionistas” y en pocos años logró figurar en la lista de Forbes, con una fortuna de 26 mil millones de dólares.
Sam fue descubierto tardíamente, pero su castillo de naipes se derrumbó. Este 5 de noviembre un juzgado de Nueva York anunció que el acusado -detenido en enero del presente, a la fecha de 31 años- fue encontrado culpable de fraude, malversación y asociación delictuosa; por lo cual enfrenta sentencia de 110 años. El juez estableció el 28 de marzo del 2024 para dar su fallo.
La actividad criminal en sus varias expresiones resulta un indicador fundamental del estado de un gobierno. Es una consecuencia de lo que hace y deja de hacer.
El rubro de los fraudes, implica toda una trama en la que los delincuentes buscan despojar de sus bienes o dinero a sus víctimas, la mayoría de las veces sin violencia ni coacción, sino mediante engaños. A diferencia de otros delitos, en el fraude los delincuentes cuentan con la colaboración de sus “inocentes” víctimas.
Este tipo de crímenes ha proliferado en México alimentado por la impunidad y la corrupción de autoridades. Estas encuentran a su mejor aliado en un marco legal que al final resulta muy conveniente a los rufianes. Bajo el principio de “presunción de inocencia”, dejan a los demandantes toda la carga de la prueba.
De todo esto se desprende la necesidad de que las autoridades establezcan programas institucionales preventivos, con campañas permanentes, para cerrar las puertas a los malvivientes.
Además de combatir la impunidad, facilitando los procesos judiciales, deben instruir a las personas con medidas para auto protegerse. Los fraudes pueden ser evitados con prevención.
