CIUDAD DE MÉXICO.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular, con modificaciones, el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024, que prevé ingresos totales por 9 billones 66 mil 45.8 millones de pesos.
Con 260 votos a favor, 183 en contra y una abstención se aprobaron los artículos reservados en los términos del dictamen con las modificaciones y adiciones aceptadas por la Asamblea.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
El Pleno aceptó los cambios a los artículos 21, 22 y la adición de un Vigésimo Sexto Transitorio.
Al presentar las modificaciones al artículo 21, el diputado Carol Antonio Altamirano (Morena) indicó que esta reforma plantea que durante el ejercicio fiscal de 2024 la tasa de retención anual a que se refieren los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta será del 0.50 por ciento y no del 1.48 por ciento como se proponía en el dictamen.
Asimismo, se modifican las fracciones I, II, III y V, relativas a la metodología para calcular dicha tasa, y determinar un periodo comprendido de agosto de 2020 a julio de 2023, y no de noviembre de 2022 a julio de 2023 como lo establecía el dictamen.
El diputado Carol Antonio Altamirano explicó que se busca evitar un golpe a la economía de miles de ahorradores y mejorar las finanzas públicas a favor de la población, por lo que convocó a las y los diputados a apoyar la propuesta.
Señaló que la esencia de la reserva es que, en lugar de que se les cobre a los ahorradores un impuesto de 1.48 por ciento, se les aplicará una tasa de 0.5 por ciento; eso significa que por cada mil pesos de rendimiento no se cobrarán 14.8 pesos, sino solamente cinco pesos.
“Esto representa un beneficio tangible para la gente y un avance respecto del proyecto inicial, por lo que votar a favor de la reserva demuestra que sí nos preocupan las familias que están recuperándose de la pérdida de ingresos y ahorros que dejó la pandemia del Covid-19”, resaltó el legislador.
Se pronunciaron a favor de la propuesta las y los diputados Javier Joaquín López Casarín (PVEM), Juan Carlos Natale López (PVEM), Claudia Selene Ávila Flores (Morena), Margarita García García (PT), Teresita de Jesús Vargas Meraz (Morena), Jaime Baltierra García (PT) y María Guadalupe Chavira de la Rosa (Morena).
En contra de la propuesta, Martha Estela Romo Cuéllar (PAN), Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (PRI), Edna Gisel Díaz Acevedo (PRD), María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (MC), Manuel Jesús Herrera Vega (MC) y Elizabeth Pérez Valdez (PRD).
Otra reserva aprobada fue la presentada por la diputada Lilia Aguiar Gil (PT), que plantea cambiar el artículo 22, a fin de reducir de 40 a 30 por ciento el pago de derecho por la utilidad compartida, en sustitución de la tasa prevista en el artículo 39 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.
La diputada indicó que ello significa quitar carga a la empresa productiva del Estado para que pueda reinvertir y crecer la capacidad energética del país. “Permitiría fortalecer a Pemex en su posición financiera, que exista un mejor perfil de su deuda, estabilizar la caída de la producción observada en años previos, mejorar las perspectivas de producción futura y que haya mayor producción y mayores ingresos a la actividad petrolera”.
La reducción de este derecho, enfatizó, no es un costo, será una inversión que genere rendimientos positivos a Pemex, a la soberanía energética del país y al pueblo de México.
Expresaron su apoyo a la propuesta, las diputadas Rosalba Valencia Cruz (Morena), Ana Laura Huerta Valdovinos (PVEM), Raquel Bonilla Herrera (Morena) y Gabriela Martínez Espinoza (Morena).
En contra, la diputada Itzel Josefina Balderas Hernández (PAN), José Francisco Yunes Zorrilla (PRI), Miguel Ángel Torres Rosales (PRD) y Omar Enrique Castañeda González (MC).
También se aprobó adicionar un artículo Vigésimo Sexto Transitorio para establecer que las operaciones de transferencia de bienes, derechos y obligaciones que realicen las empresas productivas del Estado de conformidad con los términos para la resignación de activos y contratos publicados en el Diario Oficial de la Federación del 25 de noviembre del 2019, para reorganizar a sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, no constituyen una enajenación para efectos fiscales.
Ello, por tratarse de una redistribución interna de carácter administrativo que forma parte integral del proceso de creación y organización de dichas empresas y que debe mantener los mismos efectos legales otorgados a la asignación original de dichos activos.
Al presentar la propuesta el diputado Jorge Luis Llaven Abarca (PVEM) dijo que evitar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus empresas productivas subsidiarias paguen un dividendo estatal a favor del Gobierno Federal, robustece su capital e incrementa su capacidad para cubrir sus compromisos e inversiones en proyectos productivos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, “lo que contribuye a la consolidación de la rectoría estatal en dicho sector”.
Consideró que es vital esta adición pues “es irracional que la empresa pública no pueda manejar libremente sus activos entre las subsidiarias sin que le signifique un costo”. Además, el agregado contribuye a corregir las decisiones que antes del 2018 afectaron seriamente el funcionamiento de la CFE para debilitarla, disminuir su productividad y eficiencia, con el objetivo de justificar su privatización.
Para hablar a favor, participaron las diputadas María del Rocío Corona Nakamura (PVEM) y Flora Tania Cruz Santos (Morena), así como los diputados Joaquín Zebadúa Alva (Morena) y Ángel Benjamín Robles Montoya (PT).
En contra, las diputadas Ana Laura Valenzuela Sánchez (PAN), Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), Elvia Yolanda Martínez Cosío (MC) y Sue Ellen Bernal Bolnik (PRI).
La diputada Marcela Guerra Castillo dijo que, con fundamento en lo que dispone el artículo 93, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva ordena que antes de que se remita la minuta al Senado de la República se realicen las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de la ley, sin modificar lo aprobado por esta Asamblea.
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