CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Alejandro Rojas Díaz Durán solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que “atraiga la elección de los comisionados” del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en caso de que los senadores no cumplan con su obligación constitucional de elegirlos.
Díaz Durán dio a conocer en redes sociales una carta que envió a la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, en la que destaca que garantizar que las personas accedan a la información del sector público es la piedra angular del gobierno abierto y un elemento fundamental para reducir la corrupción.
Pero esta visión, acotó, sólo es materialmente posible cuando se construye un sistema institucional sólido, que asegure la transparencia, la participación, la deliberación y la colaboración, en aras de construir confianza ciudadana, legitimidad democrática, inteligencia colectiva y, en última instancia, un Estado más igualitario y justo.
Dijo que en un esquema de esta naturaleza, “de ninguna manera podemos prescindir de la institución garante del acceso a la información”.
El senador de Morena aseguró que se ha gestado un falso debate que equipara la naturaleza estructural del órgano garante, con el derecho que coadyuba a garantizar el acceso a la información.
“Esto equivale a decirle a las y los mexicanos, que su derecho a la información esta supeditado a configuraciones administrativas y desencuentros políticos, lo que es inadmisible desde la doctrina de los derechos humanos y a la propia dirección jurisprudencial que ha adoptado la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Alejandro Rojas recordó que las y los mexicanos “seguimos con atención los debates del máximo tribunal constitucional del país, en torno a la falta de designación de quienes ocuparán tres vacantes de personas comisionadas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales”.
El senador confió en que la SCJN hará un ejercicio impecable de ponderación, como lo advierten ya las posturas expuestas en la sesión en la que se abordó el tema, de modo que se salvaguarden tanto el derecho a la información de las y los mexicanos, así como los principios de división de poderes y de regularidad en el funcionamiento de los órganos del Estado.
Agregó que en tanto ello ocurre, está seguro de que el Senado de la República seguirá empeñado en construir los acuerdos para cumplir con el mandato constitucional que le ha sido conferido.
“Si bien el concepto de omisión legislativa no se reduce a un simple ´no hacer´, en el sentido jurídico constitucional, omisión significa no hacer aquello a lo que de forma concreta se estaba constitucionalmente obligado. En este sentido, dicha omisión debe vincularse con una exigencia constitucional de acción”.
Por tanto, acotó, ante la falta de consensos políticos, “deseo que el nuevo proyecto admita la posibilidad de que un órgano constitucional del Estado mexicano, tan transcendente como el INAI, supere dicha barrera omisiva y pueda ejercer las funciones que tiene encomendadas por la Carta Magna, con base en la resolución de este tribunal constitucional”.
Alejandro Rojas recordó en la carta que construye una iniciativa para establecer plazos y mecanismos concretos, a fin de garantizar la debida integración del INAI.
Dicha propuesta contempla la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso del INAI, en los términos en los que ya lo hace respecto de otros nombramientos, como es el caso de las personas que integran el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
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